Por Germán Mangione*
El corazón del modelo agroexportador argentino vive desde comienzos de diciembre una huelga histórica de los trabajadores aceiteros, recibidores de granos y de todos los gremios marítimos y portuarios.
En un final de año marcado por la esperanza de la llegada de la vacuna contra el Covid y la consiguiente recuperación de la actividad social y económica en el mundo, la puja distributiva comienza a ponerse en el centro de la escena.
Inmersos en uno de los sectores económicos más concentrados y poderosos de Argentina, que no detuvo su marcha un solo minuto durante la pandemia mundial, los trabajadores del cordón industrial de Rosario pusieron en discusión la porción de la torta que les toca en medio del congelamiento de los salarios vivido este año, el aumento de la inflación en medio de un alza de precios record de los commodities en el mercado mundial, y de previsiones de mayores ganancias de cara a la apertura de la economía mundial en 2021.
El corazón del modelo sangra por las barrancas del Paraná.
En estos días se publicó el libro que recoge el trabajo de investigación del militante político y social Luciano Orellano titulado “Argentina Sangra por las barrancas del Paraná”. En el mismo se describe pormenorizadamente el entramado del modelo agroindustrial que recorre los 70 kilómetros de márgenes del río Paraná que van desde Timbúes a Villa Constitución y donde se asienta el mayor complejo agroexportador del mundo.
El libro da cuenta de la importancia que en la economía argentina fue tomando este conglomerado de empresas exportadoras de commodities. En su mayoría son empresas de origen extranjero, que transformaron al gran Rosario en el nodo portuario agroexportador más importante del mundo con un total bruto de 79 millones de toneladas (Mt) despachadas de granos, harinas y aceites en el año 2019.
El crecimiento de estas pocas empresas (10 concentran el 90% de la exportación) hizo que quedara en segundo lugar el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana con 64,45 Mt exportadas, mientras que, en tercer lugar, por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos, con 42,65 Mt.
Pero no solo es uno de los principales actores económicos del rubro, sino que se ha consolidado como uno de los principales factores económicos del país.
El entramado de dependencia y poder que describe el libro de Orellano no ha hecho más que profundizarse en el 2020 con el parate económico producido por la pandemia, que golpeó a la economía en su conjunto, pero que pasó desapercibido para el sector agroindustrial que trabajó casi en absoluta normalidad gracias a que sus trabajadores fueron designados “esenciales”.
Si a eso le sumamos la pronta recuperación de China, el gran comprador de commodities, el sector agroindustrial, asociado a los grandes dueños de la tierra, pasó a ser el gran protagonista en el ingreso de divisas para la economía Argentina y un actor central en el entramado del poder real argento.
En 2020 la agroindustria representó dos tercios de las exportaciones (en términos de volumen), pero el 90% de las divisas netas, porque el resto de los rubros exportadores (energía, minería, automotriz) necesitan importar insumos, lo que reduce el impacto de sus ventas externas.
Las patronales agroindustriales tomaron nota desde hace tiempo de ese “poder de fuego sobre la economía” y este año decidieron formalizarlo como poder de lobby conjunto en la creación del Concejo Agroindustrial Argentino, liderado por Gustavo Idigora, titular de CIARA.
El derrame son los padres
La foto aérea del tramo del Paraná donde se asientan las empresas podría ser una buena radiografía transversal de lo que sucede, y lo que viene sucediendo. Allí se pueden observar hoy decenas de barcos esperando para cargar los productos para la exportación. Según CIARA llegan a acumularse en estos momentos 150 buques de ultramar, desde Montevideo hasta Timbúes, a la espera de poder cargar más de 4.5 millones de toneladas de granos y subproductos.
Las Cámaras empresarias vociferan las cifras para hablar de las supuestas pérdidas de divisas del país, y el costo logístico de la espera. Pero esa misma foto es también una muestra estática del volumen de los negocios (y las ganancias) del sector, que viene creciendo en los últimos años a paso agigantado.
En 2019, la operatoria marítimo-fluvial en el Gran Rosario mostró, por ejemplo, un récord en la entrada de buques oceánicos, lo cual constituye el mayor registro en los últimos 20 años: 2.632 buques ingresaron al área.
En 2020 la actividad, lejos de disminuir se mantuvo estable. Lo que derrumba los argumentos empresariales sobre la imposibilidad de afrontar el reclamo salarial de los trabajadores del complejo por una supuesta “situación delicada, debido a la pandemia”
De acuerdo al último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (DIYEE), «a pesar del actual contexto adverso en la economía local debido a la pandemia por COVID-19, el sector agroindustrial continúa siendo uno de los pilares de la producción y el principal dinamizador de las exportaciones argentinas».
«Tomando en consideración los principales granos y subproductos agroindustriales, para el año 2020 se proyecta un ingreso de divisas de US$21.428 millones por envíos al exterior de trigo, maíz y productos claves del complejo soja. Ello indica una merma de US$ 1.320 millones, o de un 6%, respecto a 2019″, afirma el estudio.
Pero incluso algunos productos que generan las empresas que hoy negocian con los gremios aceiteros y de recibidores de granos, como el aceite de soja tuvieron mejor desempeño que en 2019. Y habría que agregar que en 2019 se vivió además un record de ventas tras la derrota de Macri en las PASO por el temor al aumento de retenciones por parte del gobierno de Alberto Fernández, con lo que la comparación anual es más compleja.
«Pero, no obstante, a pesar de que se aguarda una merma en valor de exportaciones por tales productos, un efecto precio positivo sobre la segunda mitad del año lograría sopesar en parte la caída mayor en el volumen exportado. De esta forma, se espera que el año 2020 finalice en niveles promedio de los últimos cinco años», aclara el informe.
Y es que los precios de los commodities agrícolas tuvieron en el último trimestre un rally alcista que no se veía hace años.
En la última quincena del año y con el conflicto en pleno desarrollo el valor de la soja registró el nivel de precios más alto en los últimos seis años y medio. La tonelada de soja subió 8,54 dólares, un 1,90% llegando a valer a US$ 456,81 en el mercado de referencia de Chicago. Es el precio más alto desde el 14 de agosto de 2014, lo que significó un alza superior al 50% en lo que va del año.
Al ser un mercado netamente exportador se vieron beneficiados fuertemente también por la devaluación gradual que vivió el peso argentino. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista oficial acumula una depreciación del 38%, lo que por otro lado fue erosionando los sueldos del sector congelados desde abril cuando se dio la última negociación paritaria.
Habría que agregar que con la intensión de acelerar y aumentar la liquidación de divisas el gobierno otorgó al sector una serie de beneficios como la baja de retenciones escalonada (que beneficia a los productores) y la reposición del diferencial de las retenciones (que beneficia a las aceiteras). Este diferencial permite pagar menos retenciones por la exportación de los subproductos generados por estas empresas hoy en conflicto (aceite, harina, biodiesel, glicerina).
Pero ninguno de esos beneficios que recibió el sector parece ser tenido en cuenta la hora de volcarlos a la negociación con los gremios.
¿Qué piden los trabajadores?
Desde el comienzo del conflicto las cámaras empresariales comenzaron una campaña de desinformación sobre los reclamos obreros, montados en la diferencia salarial que durante estos años lograron conseguir a fuerza de lucha con respecto a muchos otros gremios privados.
“De qué se quejan, si son unos privilegiados”, pareciera ser el mantra a repetir, que tiene cierto eco en un país donde los salarios han sido devastados y el galope inflacionario continuo hace imposible la recomposición.
En la última semana los gremios concentraron su comunicación en poner en claro los reclamos para evitar la maniobra de las empresas que intenta aislarlos poniendo la opinión pública en su contra.
“Piden el 176%”, titulaban algunos portales de Rosario y San Lorenzo. “Se debe haber equivocado de libro”, comentaba irónicamente Daniel Succi, el secretario gremial de los aceiteros de San Lorenzo. “Idigoras (quien preside Ciara) se debe haber equivocado de libro y agarró el de las ganancias de sus empresas, porque nosotros no estamos pidiendo eso”, afirma Succi quien, junto al secretario general del gremio, Pablo Reguera, y un grupo de delegados participaron de las 17 reuniones que ya se realizaron entre obreros y empresarios para intentar llegar a un acuerdo.
Ciara comenzó esta semana a ponerle números públicos al ofrecimiento, al igual que los gremios. EL SOEA sanlorencino, que agrupa a los aceiteros del departamento San Lorenzo donde se encuentra el grueso de las empresas, comenzó el reclamo a mediados de octubre.
Uno de los ítems que discute el gremio aceitero de San Lorenzo es la entrega de un bono gratificación para los trabajadores que fueron declarados esenciales y debieron concurrir a las empresas durante la cuarentena. Un “bono pandemia” de 9 mil pesos que desde abril solo les paga a sus trabajadores la empresa china Cofco y que desató el reclamo del resto.
Además, exigen la reapertura de la paritaria que estaba pactada para agosto con un 10% de aumento salarial para conformar, sumando el 25% otorgado en abril, una cifra que se arrime al 37% de la inflación anual.
Los aceiteros consiguieron hace años la conquista de un premio de fin de año equivalente al mejor salario del año. Sobre ese bono también piden una actualización inflacionaria del 35% y que sea pagado a todos los trabajadores por igual y no dejar afuera a los que estuvieron de licencia por ser personas de riesgo de contagio de COVID 19.
Finalmente agregaron que se paguen los días caídos, que las empresas amenazan descontar por el paro, y que la paritaria 2021 sea de un 25% en enero con revisión en agosto.
Por su parte el otro gremio aceitero, comandado por Daniel Yofra, que como Federación Nacional tiene jurisdicción en las fábricas al sur de Rosario y en el resto del país, reclama, como viene haciendo hace años, un sueldo que se acerque a la cifra necesaria para cubrir las necesidades básicas, que según calculan a enero de 2021 será de $93.280, de acuerdo con los números brindados por el INDEC.
Aclaran también que “nuestros básicos iniciales de convenio no llegan a los $70.000, estando pendiente el reajuste del 2020. Para ello pedimos un aumento para el año 2021 de 25%, menos de lo que el presupuesto nacional proyecta de inflación 2021”.
A estos reclamos habría que sumarles los del gremio URGARA que nuclea a los recibidores de granos y negocia con las mismas cámaras una reapertura de paritarias, y antes del comienzo del conflicto anunció un “pacto de lucha” con la Federación Aceitera para llevar adelante juntos el reclamo.
Finalmente los gremios portuarios, recientemente conformados en la La Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial, que reúne al resto de los 11 gremios que actúan en el complejo agroexportador (SOMU, URGARA, PATRONES FLUVIALES, SUPA; Vigiladores, etc) también entraron en el conflicto por reclamos salariales propios con la Cámara de Prácticos y en solidaridad con la lucha de aceiteros y recibidores de granos. Esta participación paralizó, además de las fábricas, todo el movimiento y la actividad marítima y portuaria. El paro es total.
Trabajadores del gran Rosario, uníos
No solo la extensión del paro (18 días y contando) es histórica sino, centralmente, la unidad de acción de los gremios del sector que siempre habían actuado por separado e incluso con algunas rivalidades marcadas.
Si bien las negociaciones siguen siendo separadas, la elaboración de un comunicado conjunto entre los dos gremios aceiteros y Urgara marcó un nuevo hito en la organización obrera del sector.
La irrupción de la Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial es el otro dato. Numéricamente más pequeñas que los aceiteros son organizaciones claves a la hora de pensar la fuerza de una huelga que pueda paralizar la agroexportación. En el comunicado en el que se sumaron a la huelga afirman que el fracaso de las negociaciones se da por la actitud mezquina, especulativa y maliciosa de las empresas.
Lo que por arriba, a niveles de dirigencia sindical, es histórico, tiene también su reflejo en las bases de trabajadores. Si bien el gremio dirigido por Yofra viene de protagonizar varias disputas salariales que implicaron paros y piquetes frente a las empresas, en el cordón industrial donde los aceiteros dependen del SOEA de Pablo Reguera, la historia reciente ha sido en los últimos años de paritarias poco tumultuosas. Es que el gremio tiene el peso central en el complejo y ha utilizado siempre ese peso para conseguir los acuerdos paritarios que llevaron a los aceiteros a ser uno de los gremios mejores pagos del sector privado, sin llegar al conflicto.
Esto tiene su contracara en un generación completa de trabajadores que nunca habían participado de una medida de fuerza de estas características, con piquetes tan prolongados y permanencia en los portones de fábrica.
Sin embargo, esta nueva experiencia no ha impedido que cientos de trabajadores se volcaran a apoyar la definición que el sindicato tomó luego de hacer asambleas en la puerta de cada empresa previa al inicio del paro. Incluso durante las fiestas la fortaleza de la medida quedó de manifiesto con la participación de los trabajadores y sus familias en la medida de fuerza y el apoyo al paro.
Nadie sabe si la unidad de acción puede llegar a devenir en algún acuerdo más profundo entre los gremios del sector, pero es indudable que la memoria colectiva del poder de acción de la unidad obrera dejará su huella en miles de trabajadores a lo largo y ancho del complejo agroexportador.
Arriba también todos juntos
La potencia del conflicto, por el lugar que ocupa en la economía, va generando una fuerza centrífuga que hace posicionar a los sectores económicos y políticos de la sociedad de un lado o de otro.
A la campaña de las empresas del sector en la última semana se sumó el pedido público de la Sociedad Rural y el Centro de Acopiadores y Corredores de Cereales que exigen la presencia del estado para destrabar el conflicto que afirman hace correr el riesgo de “cortar la cadena de pago” en el agro. Intervención que llamativamente también exigió la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, que desde los supuestos intereses de las PYMES de la región pidió el final del conflicto y la enérgica participación del Estado. Lo curioso es que en realidad esa Cámara está integrada (y dirigida) por las empresas agroindustriales que son parte del conflicto y a la luz de los hechos quienes desde su inflexibilidad impiden la resolución.
La unidad de la dirigencia empresarial, sin embargo, comenzó un poco antes, y tiene en esta negociación su primera expresión de bloque de negociación del rumbo salarial del sector.
Hace unos meses se conformó el Concejo Agroindustrial Argentino, (del que hablamos la nota “El plan quinquenal del poder”, publicada en Lanzallamas) con la participación de 50 cámaras del sector, y con el objetivo de negociar con el gobierno nacional una serie de medidas y un paquete de leyes para obtener más beneficios. Entre ellas la baja de retenciones, el congelamiento de la política impositiva por 10 años y hasta la posibilidad de tratar directamente con las embajadas de los países compradores sin intermediación del gobierno argentino.
¿Quién es la cara visible de ese conglomerado del lobby agroindustrial? Gustavo Idigoras, de Ciara, quien aparece en este conflicto también como el interlocutor con los gremios.
“Nunca habíamos negociado con Ciara, siempre con cada empresa”, explica Daniel Succi de SOEA, quienes se vieron sorprendidos por el protagonismo de la Cámara y sus representantes y abogados en las negociaciones en el Ministerio de Trabajo.
¿Es solo por salarios?
¿Alguien puede creer, como dicen, que estas empresas pierden 100 millones de dólares al día y no pueden afrontar un aumento salarial para sus trabajadores? , se preguntan los trabajadores del sector.
En algo que coinciden todos los gremios es que la inflexibilidad de las empresas también es histórica y demuestra que detrás de la disputa salarial “hay algo más”.
Algunos arriesgan que de cara a la reactivación económica que se prevé para el año que viene las patronales agroindustriales intentan disciplinar al sector que en estos años fue un faro para el resto de los trabajadores a la hora de la disputa por la distribución de la riqueza y la recomposición salarial.
Se prevé que, para el año próximo, en un escenario de precios y volúmenes de cosecha similares a los de este ciclo, el flujo de divisas alcanzará los US$ 31,1 mil millones, es decir US$ 4,600 millones más que en 2020. ¿Qué parte de esas ganancias llegará al bolsillo de los laburantes que las producen?
Pero la sospecha es que la disputa incluso es mucho más profunda que lo meramente salarial. El interés del sector por resolver el 50% de la capacidad ociosa de la industria aceitera este puesto en poder competir con la poderosa industria china que hoy compra porotos de soja para procesar en su territorio y con sus trabajadores. La modificación a la baja de los convenios colectivos de trabajo del sector parece estar entre los objetivos de los empresarios que quieren ganar competitividad para venderle a China, a fuerza de quitar derechos a los laburantes.
Otro punto de coincidencia es que las empresas intentan presionar al gobierno para obtener beneficios. La presión por una devaluación abierta, o la baja de retenciones están entre los principales objetivos que afirman persiguen estas empresas.
Algunas señales, incluso previas al conflicto, como la baja liquidación de divisas, dan cuenta de que el poder del sector es hoy un arma de presión a la hora de “orientar” el rumbo de las políticas estatales.
Analistas del sector ubicaban la liquidación de divisas para el 2020 en una cifra que cerraría con una caída de alrededor del 15% en comparación con el año pasado y diciembre anotaría ingresos por debajo de los US$ 1.000 millones.
Desde las empresas apuntan al paro como una de las razones, sin embargo, antes del comienzo de las medidas de fuerza, la liquidación ya acumulaba una caída del 13,5%, a pesar de las medidas del gobierno, como la baja escalonada de retenciones que beneficiaron al sector desde octubre.
El gobierno tomó nota y emitió una resolución que saca del registro de exportadores a las empresas que no liquiden en tiempo y forma, pero hasta ahora no hay datos que hagan pensar que la medida hizo cambiar de estrategia a las empresas que estrangulan la entrada de dólares empujando la devaluación.
Finalmente la pelea por el control de la concesión de la hidrovía y la aprobación del paquete de leyes que exige el Concejo Agroindustrial Argentino también se encuentran en el combo de motivos que se sospecha impulsa a estas empresas a no bajar un cambio en la discusión con los gremios.
La pelea por el rumbo
La huelga, que al momento de escribirse este artículo lleva 18 días, es histórica no solo por su extensión sino por la unidad de acción de casi todos los gremios del sector (históricamente distanciados), algo que tiene su correlato en la otra vereda en la unidad empresarial expresada en el protagonismo de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (CIARA) como principal actor patronal en la negociación.
La poca presencia, y en algunos caso directamente la ausencia, de la mediación estatal en el conflicto termina de completar un cuadro que todavía no muestra visos de solución y va atrayendo con fuerza centrífuga las discusiones políticas y económicas del conjunto de la sociedad y sus representaciones.
La gran incógnita, de cara al comienzo de un año que muchos intuyen pos pandémico, es si la gran huelga aceitera (y su resultado) son el coletazo final de un año signado por el congelamiento y atraso salarial y la caída económica, o el primer reflejo de una nueva etapa de puja distributiva en una Argentina donde la apuesta al crecimiento económico se deposita (de nuevo) en la profundización del modelo agroexportador.
