Por Belén Spinetta
En un día cómo hoy, en el que se celebra el Día de las Infancias, hay algunos temas de los que nos gustaría no tener que hablar. Preferiría hablar sobre lxs peques que van a recibir un mimo hoy en sus hogares a pesar del contexto de cuarentena, de las campañas solidarias que cada año se realizan en centro comunitarios y comedores para que nadie se que quede sin juguetes, de cómo extraño a les hijes de mis amigas que están lejos, o a mi sobrina que ya va dejando la niñez para abrirse camino a la adolescencia.
Pero hoy quisiera recordar que en nuestro país una niña de entre 10 a 14 años es obligada a parir cada 3 horas. Que hay niñas tristes a las que les robaron la sonrisa. Según los últimos datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación, de los 700.000 nacimientos anuales que ocurren en el país, 3.000 son de niñas y adolescentes menores de 15 años. Esta realidad tiene el trasfondo más doloroso: el abuso sexual infantil, en general dado en contextos intrafamiliares. La violencia sexual a la que son sometidas estas niñas es ejercida, en un 90% de los casos, por integrantes de la familia o del entorno cercano bajo distintas formas de coerción: amenazas, abuso de poder y otras formas de presión.
El embarazo forzado a tan temprana edad tiene profundas consecuencias en la salud pensada de manera integral, afecta el bienestar tanto físico como psicosocial. Las heridas son profundas, vidas troncadas, sueños rotos.
Particularmente a partir de 2018, esta problemática cobró mayor relevancia en nuestro país. Lamentablemente, siempre que esto ocurre hay una historia triste que contar. En noviembre de ese año se conoció de la muerte de una niña wichi de 13 años de la provincia de Chaco, a quién se le practicó una cesárea para conservar su embarazo producto de una violación. “Quiero que me saques lo que el viejo me puso adentro”, fueron las palabras desesperadas que una niña de 11 años le dijo a una médica en Tucumán. Otra niña de 12 pidió lo mismo en Jujuy.
A las tres se les negó el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo, un derecho vigente en nuestro país desde 1921, ratificado por el fallo FAL de 2012 -en el que la Corte Suprema afirmó sobre el embarazo producto de violación a una chica de 15 años, que el aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante era legal- y consagrado en al Protocolo Nacional de Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.
Detrás de los embarazos forzados de niñas, en general hay condiciones de extrema vulnerabilidad social como la pobreza y precarias condiciones de vivienda. A esto se le ha sumado en los últimos años un fuerte lobby antiderecho, particularmente desde que se debatió en el Congreso la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Grupos organizados que se presentan en los hospitales para persuadir a las madres de las niñas a que prosigan con los embarazos, dilaciones de algunos integrantes del personal de Salud para que se continúe con la gestación y termine en una cesárea y no en una ILE. Una cadena de brutalidad difícil de romper.
También comenzó a hablarse en este último tiempo del “chineo”, violaciones que sufren las niñas indígenas -particularmente en el norte del país- por parte de hombres blancos, patrones, estancieros o hijos del poder. El tema explotó cuando se conoció el caso de Juana, una niña wichí de 12 años que sufrió una violación grupal y quedó embaraza producto de el ataque. Afortunadamente -si es que vale el término para hablar de esto- en su caso se procedió a la realización del aborto por ser el feto anencefálico. Un paréntesis valen las declaraciones recientes Octorina Zamora, integrante de una comunidad wichí, quien durante un conversatorio del INADI discutió el uso del término “chineo”: “las cosas hay que decirlas por su nombre, son violaciones en banda o en grupo”, remarcó que “chineo” es una expresión racista y denunció que hay hombres de las mismas comunidades originarias que actúan como entregadores.
La puesta en el debate público de la tragedia que implica el embarazo infantil forzado, originó varias campañas de visibilización e interpelación a los Estados. Una de ellas #NiñasNomadres (https://www.ninasnomadres.org/) formado por distintas organizaciones de América Latina que se presentan como “un movimiento regional a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas. Nos unimos para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, y puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro”. También la semana pasada las Socorristas en Red desplegaron la campaña “En un mundo justo las niñas no son madres”: “en un mundo justo se cuida a las niñas de la tortura del abuso y las violaciones. Se las cuida del sometimiento de la maternidad forzosa”.
Y no quedará mucho más que decir por hoy, en un mundo justo no le damos la espalda a las realidades que nos duelen. En un mundo justo ninguna niña y ningún niño debería ver vulnerado sus derechos. En un mundo justo, las niñas son niñas, no madres.
*Belén Spinetta es Comunicadora Social (Universidad Nacional del Comahue) y periodista. Patagónica -nacida y criada- actualmente viviendo en Buenos Aires. Integra la Red Par (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No sexista). Co editora de Revista Lanzallamas.
ILUSTRACIÓN: @aclaradibuja
