Chile evadió, estalló, despertó. Fue un salto a un molinete que despertó a un pueblo, a muchos pueblos. Un despertar que quiere aprobar la letra que dará curso a consolidar el advenimiento de una refundación nacional. Luego de octubre de 2019 nada volvería a ser igual. El estallido tuvo dos traducciones institucionales de magnitud: la primera fue una elección popular de una Convención Constitucional representativa y paritaria encargada de la redacción de una nueva Constitución que sustituyera a la de Pinochet de 1980, la segunda consecuencia institucional pos crisis, es la elección de Gabriel Boric como Presidente frente al candidato de la ultraderecha José Antonio Kast. El movimiento popular fue sorteando cada uno de los obstáculos que el establishment fue imponiendo desesperadamente y sin éxito: represión salvaje, asesinatos y violaciones a los derechos humanos, leyes restrictivas y persecutorias, la utilización de la pandemia como pretexto para reordenar y disipar, trampas institucionales como los 2/3 de quorum para la aprobación de la Nueva Constitución, sumada a las mentiras y la estigmatización mediática.
El próximo 4 de septiembre será un hito clave en la historia del país y la región, con la convocatoria a votar el plebiscito que decidirá si se aprueba la nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional. De ser aprobada, instaurará una de las constituciones más progresistas del mundo, que puede ser un faro para reformas en otros países de la región. Frente a la abrumadora voluntad de cambio, la derecha no sólo votará en contra de una Constitución que considera “radical, socialista, feminista e indigenista”, sino que se ha dedicado, desde los poderes mediáticos concentrados, a atacar a la Convención, difundir fakes news e incluso vender en la calle constituciones falsas, y también embestir violentamente contra el gobierno recién electo.
EL HASTIO QUE SE VOLVIÓ ACCIÓN
La rebelión de octubre de 2019 mostró el hastío de una sociedad frustrada en sus expectativas por un Estado Subsidiario, concepto asociado a la corriente económica neoliberal de la Escuela de Chicago, donde el Estado sólo participa limitadamente en aquellos sectores económicos en los que los privados no lo hacen porque no les es rentable, reduciendo la participación del Estado en la vida económica y social, al fomentar la participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana (salud, educación, alimentación, vivienda). Por lo tanto, esta forma excluye y desiguala, y, amparado por una Constitución heredada de la Dictadura de Pinochet llevó a que el 1% más rico de la población capturará un tercio del ingreso y que se adueñará de las actividades productivas, la banca, las exportaciones y se beneficiará de las ganancias de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y la mercantilización de los servicios sociales[1]. La llegada al poder de Piñera fue la expresión del Estado dirigido por sus propios dueños, él y su familia se ubican en el cuarto lugar en ranking Forbes de chilenos, con una fortuna total de 2.900 millones de dólares. El ranking explica que dicha fortuna la logró con la empresa de tarjetas de crédito Bancard; las acciones que tuvo en la aerolínea LAN, en el canal Chilevisión y en Blanco & Negro, controlador de Colo Colo[2]. Un modelo hipermercantilista hecho a imagen y semejanza de unos pocos, y con las grandes mayorías precarizadas, víctimas de la deuda, el crédito y la hipoteca.
Chile despertó, perdió el miedo y decidió apropiarse del espacio público, de la calle, de la palabra. A construir nuevos imaginarios colectivos de futuro. El estallido, el triunfo en el plebiscito y la victoria de Boric parecen cerrar un proceso histórico de largo aliento que se abrió el 11 de septiembre de 1973 con el golpe al gobierno de Salvador Allende y la instauración del neoliberalismo a sangre y fuego.
El estallido, el triunfo en el plebiscito y la victoria de Boric parecen cerrar un proceso histórico de largo aliento que se abrió el 11 de septiembre de 1973 con el golpe al gobierno de Salvador Allende y la instauración del neoliberalismo a sangre y fuego.
¿Por qué adelantarse a afirmar que se cierra una etapa? Porqué la profundidad de la revuelta iniciada en octubre de 2019 determina toda imagen de futuro, es una presencia espectral que condiciona a la derecha y, también, a parte de la izquierda que hoy encarna Boric en el gobierno, que tiene una oportunidad para canalizar esas energías vitales desatadas desde octubre del 2019, pero que no es un cheque en blanco, ya que coexiste con la desconfianza de grandes sectores sociales que fueron protagonistas del estallido, hacia la política institucional, y una derecha históricamente gobernante que se reorganiza. Por ello, sería equivocado pensar que el camino constitucional y de la gobernabilidad va a dejar atrás el vestigio indeleble de la ruptura social. El estallido fue tan profundo, radical y violento que subyace y custodia como reserva vital toda desviación de la programática y gramática surgida de las luchas.
UNA CAMPAÑA DESIGUAL CON FINAL ABIERTO
A menos de dos semanas del plebiscito, el centro de la lucha que aglutina desde las izquierdas y movimientos más radicales hasta el gobierno de Boric, es la campaña por el Apruebo. A pesar de que las encuestas dan ventaja al rechazo, la campaña por concientizar sigue fuerte y hay esperanzas. Es una batalla cultural porque el neoliberalismo no sólo implantó políticas, sino que creó sujetos, visiones del mundo y de las expectativas que, a pesar de estar en crisis, siguen arraigadas en las conciencias y los hábitos. Esta campaña es, a la vez, una campaña por un nuevo sentido común, el que emerge del quiebre de octubre del 2019.
Los grandes medios de comunicación vienen alentando el “Rechazo”, desplegaron una campaña salvaje de mentiras y amplificaciones de discursos que alientan el miedo entre los indecisos, con mentiras como las que sostienen que con el nuevo sistema de pensiones públicas los trabajadores van a perder sus ahorros, van a ser expropiados por el Estado. Portales de noticias difundían que “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”, para luego viralizar en las redes sociales a través del uso de cuentas falsas y acciones organizadas para imponer la agenda del miedo. Está votación, a diferencia de las anteriores, es obligatoria, por lo tanto, hay incertidumbre en cómo se va a mover una porción importante del electorado que no viene participando. Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas.
Las organizaciones populares vienen desplegando con gran esfuerzo una campaña descentralizada en los territorios, desde difusión de material, capacitaciones, charlas, festivales, mesas y masivas marchas se despliegan en las Alcaldías populares y las organizaciones de base. En tanto, desde el gobierno, Gabriel Boric se ha expresado firmemente a favor del Apruebo, parte de su programa de Reformas está atado a ello, pero también, hace unas semanas había asegurado que de ganar el rechazo “debe haber un nuevo proceso constituyente”. Parece una visión derrotista de antemano, pero es desde la argumentación valida de que la población ya se expresó en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, por un 80% contra un 20%, por la necesidad de una reforma que termine con la Constitución de 1980. Si no se logra aprobar en esta oportunidad debe abrirse un nuevo proceso. Ya que el 4 de septiembre se “Aprueba” o “Rechaza” esta propuesta, y, eso no significa que otras propuestas posteriores logren concretar la voluntad abrumadora expresada el 25 de octubre del 2020.
Incluso Michelle Bachelet, actualmente alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta chilena afirmó que “aprobar esta nueva Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado. Con el Apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos”[3]. Esto tiene importancia en la medida que expresa a una corriente más moderada en un plebiscito que no está claro su resultado final.
LA DIALÉCTICA DE LA HISTORIA: DE LA NEGATIVIDAD A LA AFIRMACIÓN
El quiebre fue en octubre de 2019, los estudiantes secundarios del Instituto Nacional coordinaron por redes sociales una evasión masiva que consistía en saltar los torniquetes del Metro: “evadir, no pagar otra forma luchar”. Era el inicio de fuertes protestas contra el alza del transporte público decretado por el gobierno de Piñera. A esta consiga se le sumaron “no son 30 pesos, son 30 años” como denuncia a un hartazgo histórico de las consecuencias del combo explosivo del neoliberalismo dependiente. “Chile Despertó”, “el toque no se queda” fueron tiñendo la situación para que el 25 de octubre sea un día inolvidable en las conciencias de toda nuestra América, se realiza la “marcha más grande”, 1.200.000 personas en Santiago, estiman cuatro millones en todo el país. Luego viene la gran huelga obrera del 12 de noviembre. Son momentos de enorme agitación política. La Alameda se transforma en un museo callejero de la memoria y del futuro, los muros y las paredes hablan, una potencia simbólica emergente, disidente, feminista, plural y revolucionaria. Luego viene la firma del “Acuerdo de Paz” del 15 de noviembre que tantas polémicas y debates generó.
Para pensar este momento utilizaremos un aporte de la crítica cultural Nelly Richard, quien plantea que el llamado a votar en el plebiscito de la Constitución obligó a pasar del momento negativo-disruptivo de la revuelta y la calle al momento afirmativo-organizativo de la convocatoria ciudadana[4]. Es el paso de lo destituyente a lo constituyente. Del “No” al “Sí”. Del basta de neoliberalismo y exclusión, a la redacción de una Constitución como creación afirmativa. Es decir, el proceso constituyente obligó a pensar tácticas que rompan la dicotomía que separaba antagónicamente a la calle, a la movilización, a la asamblea y a los territorios, de la institucionalidad, generalmente vista y utilizada como trampa de desmovilización de la elite política y las fuerzas del orden excluyente. El desafío del proceso constituyente supuso crear, de las diversidades de fuerzas, reclamos y subjetividades, un movimiento social capaz de confluir en acuerdos y combinar programáticas, capaz de elaborar un programa global y no una sumatoria de derechos sectoriales o regionales.
El desafío del proceso constituyente supuso crear, de las diversidades de fuerzas, reclamos y subjetividades, un movimiento social capaz de confluir en acuerdos y combinar programáticas, capaz de elaborar un programa global y no una sumatoria de derechos sectoriales o regionales.
Esa capacidad de romper lo que parecía (era) una trampa con el “Acuerdo de Paz” del 15 de noviembre, del que Gabriel Boric firmó y participó, y por el que recibió intensas críticas de las organizaciones populares y la calle, y de sus propias filas, también evidenció que la furia callejera y la espontaneidad rebelde, había madurado, y sumada a factores de orgánicas sociales y políticas que pudieron canalizar la bronca en afirmación, el hastío en organización, la frustración en acción y toma de conciencia, llevó a la oportunidad primero ganar el plebiscito, y luego, lograr que sea una Asamblea Constituyente donde la totalidad de las personas que participarán de la redacción serían elegidas. Este triunfo en la naturaleza y la composición de la Asamblea Constituyente, fue reflejo de la profundidad y pluralidad de la movilización social.
UN BORRADOR LLENÓ DE ESPERANZAS
La propuesta de la Nueva Constitución[5] en su primer artículo plantea que: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, y “se constituye como una república solidaria; su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”. sienta las bases para terminar con el Estado Subsidiario de la Constitución de 1980.
Entre sus principales ejes sostiene la demanda de reconocimiento de la realidad plurinacional e intercultural, que incluye a “los pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley.” Esto tiene como antecedente la sanción en Bolivia del Estado Plurinacional sancionada en 2009.
El peso de las luchas feministas que tuvieron sus antecedentes en la revuelta feminista de mayo de 2018 en la que se tomaron más de 60 sedes universitarias, la Huelga General Feminista convocada por la Coordinadora Feminista 8M para el 8 de marzo de 2019, fue el gran anuncio de lo que estaba por venir, congregando a 800 mil personas, hasta ese momento la marcha más multitudinaria de la historia. Dándole un carácter transversal desde el enfoque feminista al proceso de elaboración constituyente en la incorporación de la democracia paritaria, que en su artículo 6 “promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”. Esto concierne a los órganos del Estado, empresas públicas y semipúblicas. También incorpora la interrupción voluntaria, parto y maternidad voluntarios y protegidos.
El 12 de noviembre de 2019 se dio la huelga general más importante desde el fin de la Dictadura y evidenció la potencialidad de la alianza de la clase obrera con el pueblo, como la única capaz de frenar el entramado económico-productivo nacional y poner en jaque al gobierno. Producto de estas luchas y demandas previas, la nueva Constitución reconoce diversos derechos laborales como el derecho a la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva. El derecho a participar de las decisiones de la empresa, la remuneración equitativa y la equidad salarial entre hombres y mujeres, y finalmente se reconoce el trabajo doméstico y de cuidados. En caso de aprobarse, abre enormes tareas no solo para la clase obrera sino para el movimiento feministas sobre cómo, en qué consiste y cómo financiar, por ejemplo, el tema de los cuidados y el problema de la reproducción social.
Promueve la desmercantilización de los bienes comunes y la protección de la naturaleza, declara al agua como bien común natural, un derecho humano inapropiable, creando la Agencia Nacional del Agua. El Estado deberá preservar y restaurar los bienes comunes naturales. Tiene una clara orientación ambientalista que parte del reconocimiento de la crisis ecológica (Artículos. 127 a 129).
En relación a la Salud se establece el Derecho a la Salud y Bienestar Integral, incluyendo su dimensión física y mental. Se creará un Sistema Nacional de Salud Universal, Pública e Integrado, que incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión. Exigencia por una salud no dependa de las condiciones de ingreso de las familias.
En materia de educación, la realidad actual impone un sistema privatizado y mercantilizado que, configurado bajo las reglas del mercado, el precio determina la calidad, en un país tan desigual en sus ingresos, la educación la profundiza. En el caso del sistema universitario el sistema de aranceles ha creado profesionales eternamente endeudados en miles de dólares. La Nueva Constitución propone cambios sustanciales (art. 35 al 43): “El Estado tendrá como deber primordial e ineludible asegurar a todas las personas el derecho a la educación. Esta se debe impartir bajo los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. La educación será de carácter no sexista y se desarrollará considerando el contexto cultural de las y los estudiantes” (…) “La educación debe orientarse a la calidad. Su acceso será universal en todos sus niveles y obligatorio desde el nivel básico hasta el medio. Además, se deberá brindar oportunidades y apoyo adicional a quienes estén en situación de discapacidad y/o en riesgo de exclusión. El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Estas instituciones tendrán prohibida toda forma de lucro. El Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”.
Uno de los grandes reclamos es ponerle fin al negocio de las administradoras privadas de pensiones. Para ello se debe construir un sistema universal de seguridad social. En el art. 45 inciso 3 establece que “El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.
También, se realizan cambios sustanciales en el sistema político. El poder legislativo se modifica, ya que desaparece el Senado, que es suplantado por la Cámara de las Regiones, esto sería una daga al corazón del poder político de la elite chilena. En el Capítulo VII, Artículo 251 sostiene que “El Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones”. Ambas cámaras se plantean como “órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo” (art. 252 y 254).
DE LA LETRA A LA MATERIALIDAD DEMOCRATIZANTE
Si se logra aprobar, se abrirá la posibilidad en avanzar en los derechos, reconocimientos étnico-identitarios y redistribuciones de riquezas y poder en el ámbito laboral, de género y un sistema nacional de salud pública, educación y pensiones, así como la administración socio-estatal de los recursos naturales como el agua o el litio. La combinación lograda en el Apruebo, entre movilización social e institucionalidad política, tiene su potencia en que ambos aspectos convivan contradictoriamente y en movimiento. Sin embargo, se abre un desafío en poder romper con el modelo económico dependiente para generar los ingresos para el financiamiento de todo el andamiaje constitucional de inclusión democrática y soberana. Poner en el centro de la discusión cómo se distribuyen las riquezas y cómo son apropiadas, para reapropiar lo mercantilizado y transformarlo en bienes comunes. La potencia de la letra constitucional deberá ser orientada a materializar el triunfo legal-institucional en triunfo económico y socio-cultural. Para ello, se deberá, primero, aprobar la esperanza.
[1] Roberto Pizarro Hofer, “Los derechos sociales y el triunfo de Boric”, en “¿Por qué ganó Gabriel Boric?”, Compilación. IDEGYS, Santiago de Chile. Pág. 95.
[2] https://www.elmostrador.cl/mercados/2021/04/06/los-super-ricos-chileno-forbes-pone-en-ranking-al-presidente-pinera-y-destaca-aumento-de-fortuna-en-plena-pandemia/
[3] https://www.efe.com/efe/america/politica/bachelet-aprobar-esta-nueva-constitucion-es-el-mejor-punto-de-partida/20000035-4856033
[4] Richard, Nelly. Revuelta social y nueva constitución / Nelly Richard; Prólogo de Javier Trímboli. 1a ed – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2021 y se puede consultar la charla: https://www.youtube.com/watch?v=N6OH7ZYs5wk
[5] https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/08/Texto-CPR-2022-entregado-al-Pdte-y-publicado-en-la-web-el-4-de-julio.pdf
