Por Nazarena Galantini*
El 17 de febrero se realizaron masivas movilizaciones a los Tribunales de todo el país para exigir Justicia por Úrsula Bahillo y todas las que ya no están. Anoche conocimos del femicidio de Ivana Módica -quien era buscada hace varios días- en manos de su ex pareja. Muchos son los interrogantes que deja en el movimiento de mujeres y feminista un final que a todas luces podría haberse evitado.
El femicidio de Úrsula revela ante la sociedad toda lo corrompido que está el Estado por las prácticas patriarcales. Lamentamos decir una vez más que Patriarcado y Estado, no son asuntos separados. Y digo una vez más porque somos miles y miles las mujeres que hemos recorrido alguna vez una comisaria, un juzgado, para hacer una denuncia, para acompañar a otra mujer que quiere hacerla o porque militamos en organizaciones feministas que cumplen una función contenedora para las personas en situación de violencia de género. Por experiencia propia sabemos que lo que le pasó a Úrsula no es una excepción, sino más bien la regla: denunciar una y otra vez, reiterar los pedidos de ayuda y asistencia estatal, sin que un ápice del aparato burocrático del Estado se mueva para cuidar esas vidas. No es una sorpresa, hay funcionarios públicos que pese a tener todos los mecanismos, los recursos y las letras jurídicas a su disposición, definen arbitrariamente no proceder ante una denuncia por violencia de género. Fuera por desinterés, fuera por falta de formación o fuera producto de una concepción ideológica que niega y perpetúa la opresión de las mujeres e identidades feminizadas, el resultado es el mismo: un acopio abrumador de denuncias que mueren en los cajones de algún edificio público, sin que nada se transforme para la persona que pide ayuda.
¿Qué hacemos entonces? ¿Qué reclamar? ¿Qué exigir? ¿A quiénes? ¿Quién es el responsable de semejante impunidad? Son algunos de los debates que atraviesa el movimiento de mujeres por estos días. No es para menos, ya que lo que está en discusión es ni más ni menos que la concepción de Estado como tal: ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es su rol? ¿Qué alcance y limites tiene? Desde cada concepción se elaboran diferentes respuestas y estrategias, se ofrecen diferentes “soluciones” (o no se ofrece ninguna…) y posiciones políticas.
Todas coincidimos en que del 2015 en adelante, la Argentina no fue igual: el Ni Una Menos despertó el elefante del feminismo, que se puso de pie y hecho a andar sin parar. Esa marea rebelde fue arrolladora para el patriarcado, las mujeres y feminidades comenzamos a poner en discusión toda práctica machista, desde la más pequeña a la más atroz violencia. Nuestra conciencia se transformó y cientos de miles entendimos, como dice Adrienne Rich, que: “Hay algo más: la confianza de los despreciados y los heridos en que no son sólo la suma de los daños que han soportado”, que no somos lo que nos han hecho creer, y que juntas tenemos un poder que es capaz de hacer tambalear las estructuras más rancias de este sistema. Aquelles que subestimaban el poder de la lucha y organización feminista, o pasaron a los anales de la historia como machirulos y conservadores (digo, en el mejor de los casos) o tuvieron que reinventarse porque la marea se los llevaba.
Entre la bronca y el dolor de saber que el femicidio de Úrsula es otro final que se podría haber evitado, las pibas, las mujeres, queremos ir por todo, queremos quitar piedra sobre piedra de todo el daño que nos hizo el patriarcado. Si el Estado nos abandona, ¿Qué otra cosa se puede esperar del pueblo más que furia y dolor? Desde este punto de vista, no me asusta que el escrache a los funcionarios públicos que actúan con negligencia, a los violentos y machistas, sea la respuesta de una gran parte de las pibas. El escrache es un medio que aparece como último recurso para salvaguardar la integridad y proteger a las mujeres de la impunidad de sus victimarios, que muchas veces ejercen no sólo un poder patriarcal sobre sus “victimas” sino también de clase y son “intocables”. No es de extrañar que reaparezcan formas de escrache ante el hartazgo de un Poder Judicial que da vuelta la cara sistemáticamente. Es necesario problematizar estas expresiones de la bronca popular y no tildarlas apresuradamente de “punitivistas”, ya que esto sería simplista y volvería a poner el foco en las victimas y no en los victimarios. Rita Segato distingue el “escrache” del “linchamiento” justamente con esta intención. Pese a esta lógica, el escrache por sí mismo no es ni de cerca una solución al problema de la violencia de genero. Proponer hacer listas públicas de los violentos, sin distinción o sin que exista un abordaje integral de los casos de violencia, entiendo que no es la respuesta más acertada, ya que podría convertirse en un verdadero linchamiento público.
Argentina es un país que posee en materia jurídica, leyes de avanzada a nivel internacional para la protección de las vidas de las mujeres ante la violencia por motivos de género. Esas leyes fueron conquistadas por la lucha del movimiento de mujeres y feminista, no fueron dádivas. Por eso muchas nos hemos preguntado si hacen falta “más leyes” o lo que falta es que se apliquen las ya existentes, que se efectivicen. Sin dudas me inclino por esto último. No es simplemente un problema de cuantas leyes haya escritas sino también de quiénes son los responsables de aplicarlas y cómo lo hacen. ¿Qué hacemos cuando el Estado falla en el cumplimiento de sus responsabilidades? Lejos de lo que puedan pensar algunas corrientes dentro del propio feminismo, cuando el Estado falla es cuando más hay que exigirle respuestas porque cuando incumple las responsabilidades que él mismo asume con el pueblo, no es un simple error sino que es el reflejo de sus falencias estructurales, y eso nos señala el camino por el cual tenemos que empezar a transformar la sociedad.
Uno de los problemas más visibles que dejó claro el femicidio de Úrsula es la connivencia de las instituciones del Estado, en particular el Poder Judicial y la Policía, con el patriarcado. Entonces ¿Cómo se rompe esa connivencia, esa suerte de cofradía masculina que anida en el Estado? Lejos de ser coyuntural, esa connivencia es estructural, forma parte de nuestro entramado social. Cada reforma en la que avanzamos desde el movimiento de mujeres es un paso más en dirección a desarticular esa connivencia. Sin embargo hay momentos en los que la realidad nos vuelve imperioso avanzar de a saltos.
Quienes vemos la necesidad de que se declare el estado de Emergencia Nacional en Violencia contra las mujeres y disidencias entendemos que además de las modificaciones de las herramientas jurídicas vigentes, es importante avanzar en un cambio radical de paradigma sobre el cual se sostienen esas fallas en el cómo se aplican las leyes vigentes y quienes las efectivizan. Reconocer que las mujeres y disidencias estamos en emergencia permite transformar el tan añejo y burocrático paradigma de la “no urgencia”, que abunda en las respuestas que se nos dan desde las instituciones y/o políticas publicas cuando acudimos a denunciar una situación de violencia. Respuestas que subestiman la gravedad de lo que denunciamos, que no ven en cada denuncia por amenaza, hostigamiento, golpe o maltrato, el principio potencial de un desenlace peor: un femicidio. Que parecen ciegos ante el hecho de que en el último mes pasamos de contar un femicidio cada 30 horas a un femicidio cada 22 hs. Si el Estado no reconoce la situación de urgencia en la que nos encontramos difícilmente podremos lograr los recursos humanos, económicos e ideológicos que necesitamos para frenar esta violencia. Planificar políticas desde la urgencia, así como aprendimos con la pandemia del covid-19.
Pero si, en el mismo sentido en que lo venimos expresando, Estado y Patriarcado no son asuntos separados, las organizaciones de mujeres, feministas, disidentes y populares, deberían tener un rol fundamental en el control y ejecución de esas políticas, con autonomía e independencia de los poderes de turno, pero siendo reconocida la labor y experiencia de esas miles de mujeres en los territorios. Son cientos los ejemplos a lo largo y ancho del país de mujeres que se organizan contra la violencia machista y para cuidarse, y lo hacen de una manera efectiva, con una comprensión cabal de que nuestras vidas importan y deben ser resguardadas con urgencia.
Nadie mejor que las propias mujeres y disidencias para saber cuáles son las necesidades reales en la vida cotidiana. Probablemente siempre exista una parte que se niegue a escuchar esos reclamos, pero para quienes no comparten la misma necedad, las mujeres venimos diciendo hace ya tiempo que el tiempo nos cuesta la vida, que estamos en emergencia.
*Nazarena Galantini es estudiante avanzada de Filosofía (UNR) y coordinadora de la Campaña por la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres de Rosario.
FOTO: Patricia Nasutti, mamá de Úrsula, en la movilización a Tribunales realizada en Capital Federal. Autora: Canela Belén, Galaxia Fotografía.
