Por Luciano Moretti*
En el contexto de una enorme crisis mundial generada por la pandemia de la Covid-19, Argentina se encuentra renegociando una vez más un acuerdo de refinanciamiento de pagos con el Fondo Monetario Internacional. El contexto no puede ser más desfavorable para el país que viene de cuatro años de políticas pro-mercados caracterizadas por la “timba de bonos” y “la libre circulación de capitales” del gobierno macrista, que luego de dos corridas financieras, consecuentes devaluaciones y completa liberación de la cuenta capital nos dejara como saldo el salario en dólares más bajo de toda la región, la inflación más alta desde 1989 y un acuerdo “extraordinario” con el FMI por 47.000 millones de dólares a pagar en cinco años. Sobre llovido mojado, en 2020 se desató la pandemia de la Covid-19 y la recesión económica mundial, sumada a catástrofes climáticas extraordinarios producto del calentamiento global.
El gobierno argentino tenía la oportunidad de encabezar los reclamos de un club de deudores internacional para renegociar con el FMI. Sin embargo, esto no parece haber estado entre sus planes, y la derrota electoral de las elecciones de medio término sólo complica el escenario aún más.
En esta situación el gobierno se apronta a cerrar una renegociación con el FMI, lo que está en debate es si como consecuencia de este acuerdo se relegarán las urgencias de las grandes mayorías populares de aprobarse el presupuesto de ajuste del 2022. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué cada diez o quince años el país vuelve a repetir siempre la misma historia? ¿Qué elementos estructurales explican esta situación? ¿Qué implica un nuevo acuerdo con el fondo?
El largo fin del siglo XX
El “nuevo” rol del capital financiero
Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Esto el gran capital financiero lo sabe bien. Han sido expertos en destruir el sistema para salvar al sistema, como hicieran durante la década del 70. El fin del patrón oro, la caída Bretton Woods y la consecuente reforma de los organismos internacionales de crédito, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, constituyeron una enorme contraofensiva de clase a nivel mundial para recomponer la tasa de acumulación de capital en favor de los grandes monopolios del Norte Global, recuperar la tasa de crecimiento y salvar al sistema. Para ello fue necesario disciplinar a las clases obreras de los países centrales. Las políticas neoliberales fueron el instrumento que empuñara el gran capital financiero para alcanzar dicho fin. Este proceso se profundizó durante la década del 90 con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Estas tres organizaciones, creadas y respaldadas por EE.UU. principal potencia hegemónica mundial y garante del sistema imperialista, fueron la triada utilizada por el capital financiero del Norte Global para imponer nuevas reglas en el sistema interestatal.
Como consecuencia, el capital financiero se “liberó” de las ataduras y regulaciones impuestas por los Estados nacionales, sobre los cuales se impone una estricta disciplina fiscal que actúa en favor de los intereses del primero. De lo contrario existe el riesgo de una fuga de capitales que cause una severa crisis interna. El principal objetivo de los Estados es prevenir que esto suceda manteniendo lo que se conoce como “la confianza de los mercados”. Una variopinta calaña de aseguradoras de riesgo y agencias crediticias se han convertido en jueces del buen comportamiento de los Estados, socavando aún más la autonomía estatal y su soberanía. Bajo este tipo de orden, incentivar la demanda agregada mediante el accionar estatal se vuelve imposible, debido a que se imponen políticas de equilibrio fiscal y es muy dificultoso gravar la riqueza de los grandes monopolios para financiar el gasto. Tanto el capital financiero, como los organismos internacionales son reacios a los programas de financiamiento de la demanda agregada. Por demanda agregada entendemos al total de bienes y servicios demandados por un país, a un nivel de precios determinado por el período de un año. Las políticas que incentivan la demanda requieren de un mayor gasto público y tienen como objetivo el pleno empleo de los factores de producción. El rechazo generalizado a este tipo de políticas se explica por la reticencia de los grandes monopolios a pagar impuestos y porque constituyen políticas distributivas en favor del trabajo, es por ello que pregonan “el déficit fiscal cero”, lo que se traduce en mayores medidas de austeridad y recorte de gasto público, a la par que impiden el cobro de impuestos bajo el justificativo de que son una amenaza para la inversión.
América Latina y Argentina: casi un siglo de marchas y contramarchas
Para aquellos que vivimos en Argentina y en los países de la periferia, algunas de estas cosas no nos parecen novedosas. Nuestros Estados nunca fueron plenamente soberanos y su capacidad para financiar la demanda agregada mediante el gasto público ha sido limitada por diversos condicionantes estructurales, siendo el principal de ellos la dependencia económica y el comercio desigual. Si bien, hemos gozado de derechos en el sistema interestatal, esto se ha limitado solamente al plano formal. La independencia política fue lograda durante las luchas anticoloniales del siglo XIX, pero la independencia económica no estuvo en los planes de aquellas elites que se encargaron de construir “Estados naciones” donde previamente hubo colonias. Si bien, durante el siglo XX existieron diversos proyectos populares que buscaron recuperar el control de los recursos económicos y colocarlos al servicio de las grandes mayorías, como por ejemplo el primer peronismo, o previamente de manera más tímida el gobierno de Yrigoyen.
Durante el período de industrialización por sustitución de importaciones la restricción externa aparecía principalmente asociada a desequilibrios en la balanza comercial. El modelo de industrialización motorizada por el Estado se basaba en la protección de la industria nacional mediante la implantación de tarifas a los productos importados y subsidios a sectores industriales claves para destinarlos al consumo interno. Sin embargo, debido a la dependencia tecnológica, muchos de los bienes de capital y los insumos necesarios para la industrialización debían ser importados desde los países desarrollados. Esto significaba un drenaje de recursos y por ende la necesidad de contar con las reservas internacionales suficientes para afrontar estos costos crecientes. Dado que la industria no era competitiva internacionalmente se debía compensar esta necesidad de divisas mediante el fomento de las exportaciones agropecuarias. Para ello, el Estado administraba el comercio exterior mediante la junta nacional de granos y obtenía las divisas necesarias para financiar la industria.
Sin embargo, debido a la caída en los términos de intercambio de los productos primarios y a su baja elasticidad, a medida que la industria demandaba más productos importados la cuenta comercial se volvía más deficitaria. Durante este periodo de desarrollo del capitalismo la cuenta de capital permanecía cerrada, los desbalances en la cuenta comercial solían afrontarse mediante la toma de deuda con el FMI y la implementación de un paquete de ajuste que recortara salarios, redujera la demanda y devaluara la moneda nacional. A pesar de estas restricciones, durante este periodo se registraron las tasas de crecimiento más altas en la historia de la región latinoamericana y se desarrolló una poderosa industria con su consecuente clase obrera urbana y florecieron los sectores medios.
| Figura Nº1: Crecimiento del PBI de América Latina | |||
| Período | Crecimiento del PBI | Crecimiento del PBI per cápita | |
| Modelo Agroexportador | 1870-1929 | 3,4 | 1,5 |
| Industrialización por sustitución de importaciones | 1930-1980 | 4,9 | 2,2 |
| Neoliberalismo | 1980-2002 | 2,4 | 0,5 |
| Post-neoliberalismo | 2003-2013 | 3,6 | 2,4 |
Fuente: Gallagher, 2016.
En ese contexto, la crisis económica internacional de la década del 70 implicó una profunda restructuración del sistema capitalista mundial. En el marco de una ofensiva de clase reaccionaria contra los derechos de los trabajadores, las políticas neoliberales desmantelaron la capacidad de los Estados para intervenir en la economía dando fin al sistema de bienestar. Las nuevas formas de acumulación financieras requerían que los países se abrieran a la inversión extranjera por lo que debían eliminar toda restricción a la circulación de bienes y servicios y en particular al capital financiero. En el caso de la región latinoamericana, los países se encontraban afrontando un proceso de endeudamiento producto del reciclaje de los petrodólares que se generaron luego del shock petrolero de 1973, estas altas tasas de endeudamiento generarían una profunda crisis de deuda que abriría paso a las reformas estructurales propulsadas por el Consenso de Washington. Como consecuencia de esto, Argentina adoptó por completo el paquete neoliberal, que además de las privatizaciones de los bienes públicos a precio vil y la retirada del Estado como administrador de la demanda, desmanteló por completo la estrategia de industrialización y se adoptaron nuevas políticas económicas. Las dictaduras militares jugaron un papel clave en hacer pasar estas mediadas a sangre y fuego. Entre ellas se impuso el conservadurismo fiscal, altas tasas de interés para controlar la inflación, apertura total de la cuenta de capital, tipos de cambio libre y libre comercio e integración al mercado mundial. Este periodo estuvo signado por un crecimiento muy bajo y la región quedo más expuesta a los shocks externos.
Debido a la completa apertura de la cuenta de capital y al nulo control del Estado sobre los flujos de bienes, servicios y capital cuando la tasa de interés global y los bienes primarios tiene precios al alza el capital financiero extranjero fluye hacia el país y la región. Sin embargo el tipo de inversiones suele ser de corto plazo en bonos y mercados derivados, más que a inversión en infraestructura o emprendimientos productivos. Estos flujos suelen apreciar el tipo de cambio volviendo a las exportaciones menos competitivas y fomentando la des-industrialización. Esto genera mayores déficits en la balanza de pagos que lleva a la toma de más deuda externa. Cuando las condiciones externas se vuelven desfavorables, el capital emigra hacia otras regiones, el tipo de cambio se desploma y en algunos casos se genera una crisis financiera. En este momento es cuando interviene el FMI con sus préstamos de “facilidades extendidas”, interviniendo para salvar al capital financiero para que no quede “atrapado” en el país e imponiendo un paquete de ajuste y restricción del gasto que profundiza la crisis. Como resultado la región atravesó el peor período de crecimiento de su historia, alcanzando cifras de pobreza record, destrucción del empleo, pérdida de capacidad industrial y aumento de la deuda externa.
Las diferencias entre ambos momentos son significativas. Mientras que en el periodo de la ISI la restricción externa se generaba por la necesidad de adquirir insumos por parte de la industria en el marco de un proyecto que buscaba el desarrollo y la generación de empleo, en el periodo actual la restricción externa se manifiesta en la cuenta de capital. Esto es producto de la vulnerabilidad externa de la economía nacional que se encuentra a merced de los caprichos del capital financiero que utiliza los países como medio para valorizarse mientras genera desempleo y mayor desigualdad, profundizando la desindustrialización y desincentivando las exportaciones.
El total libertinaje y descontrol de las cuentas nacionales y el desmedido poder que tienen hoy las grandes empresas exportadoras (particularmente aquellas ligadas al sector agrícola) son la causa detrás del constante péndulo en el que vive la economía argentina. Sin controlar lo que entra y lo que sale, asistimos a un saqueo permanente de nuestros recursos, su aprovechamiento por un puñado de empresarios, y la condena a la miseria estructural de millones de argentinos/as.
Debido a las características estructurales de la economía argentina y al rol que la misma ocupa en la división internacional del trabajo esta ha sido vulnerable a los shocks externos. Estos shocks se manifiestan principalmente como escases de divisas conocido como restricción externa. Estos ciclos de crecimiento económico seguidos de endeudamiento, explican las marchas y contramarchas de la economía. Fue así que el endeudamiento durante la dictadura nos llevó a la década perdida de los 80, y se repitió durante la década de 1990, luego el “blindaje” con De La Rúa hasta el estallido social del 2001 que logró imponer el no pago de la deuda que permitió la recuperación de principio del siglo XXI. Sin embargo, si bien esta ha sido una característica que se manifestara durante casi toda la historia contemporánea del país, los endeudamientos cobran diferente sentido dependiendo del modelo de desarrollo imperante en cada momento.
El acuerdo con el Fondo
El gobierno nos repite hoy la frase de Margaret Tatcher “no hay alternativa” más que negociar con el FMI, pagar “lo que se debe” y dejar que el ciclo de crecimiento y endeudamiento vuelva a comenzar. Hoy el Estado se encuentra limitado en sus funciones y capacidades por la constante amenaza del garrote del capital financiero. El gobierno nacional se presta al juego del gran capital y acepta co-gobernar con el FMI. La reactivación económica que tanto pregona el gobierno, “poner a la Argentina de pie”, va a ser imposible sin librarse de los costos que nos impone pagar la deuda externa. A medida que aumenta la capacidad utilizada de la industria esta requiere de mayores insumos (muchos de los cuales son importados) por lo que los dólares que irán para el pago de la deuda son los que van a faltar para sostener el crecimiento industrial y la generación de empleo. El gobierno busca evitar esto posponiendo los pagos con el FMI para “crecer primero y pagar después”, por lo que, de lograrse este acuerdo, la economía nacional y los trabajadores deberán hacer un esfuerzo desmedido que irá a parar a manos del fondo y de los acreedores externos.
A cambio el FMI demanda déficit primario (sin contar la deuda) cero para el año 2022, lo cual es un objetivo que requiere ajustar las cuentas nacionales, es decir reducir las partidas presupuestarias destinadas al gasto social, educación, salud y seguridad. El gobierno dice que no será necesario dado que la mayor recaudación producto del crecimiento económico compensará el déficit. Sin embargo, mediante esta cláusula el gobierno está resignando la capacidad de estimular la demanda de la economía en un contexto donde más que nunca es necesario aplicar medidas económicas de política expansiva. Con tasas de desempleo del 9,6% y de subempleo del 12,4% y con un 40,6% de la población bajo la línea de pobreza es prácticamente imposible salir de esta situación si el Estado se retira de su función de financiar la demanda. El ajuste ya estuvo en marcha durante el corriente año donde el gobierno sub-ejecutó partidas económicas claves dentro del gasto presupuestado para el corriente año, se negó a continuar con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y en los hechos aplicó una política de recortes que le costó las elecciones de medio término.
La inmoralidad del sistema de la deuda
El gobierno reniega de plantear la inmoralidad que implicó este acuerdo con el FMI, el cual se realizó de manera completamente viciada, incluso violando el propio estatuto del organismo. El ex presidente Macri admitió en diversas ocasiones que el préstamo tuvo fines electorales y que la gran mayoría de esos fondos fueron destinados a pagar la fuga de capitales producto de sus políticas de desregulación. El gobierno de Macri generó un festival de bonos permitiendo el ingreso de capitales golondrinas que aprovechaban las altas tasas de interés en pesos para obtener ganancias extraordinarias, una vez “hecho el negocio” estos capitales se retiraron del sistema drenando los dólares al Banco Central. Fue tan grande la “bicicleta financiera” que para 2018 el FMI tuvo que intervenir para garantizar que los capitales extranjeros que habían ingresado al país pudieran salir, es decir, el FMI fue cómplice del saqueo a las reservas internacionales, algo que su estatuto prohíbe. Sin embargo, el actual gobierno nacional se niega a dar esta discusión y busca negociar “el mejor acuerdo” posible.
En el contexto de la crisis sanitaria y económica mundial el FMI ha decidido mantener y reforzar su yugo sobre las economías más vulnerables del planeta. Para ello posee diversos mecanismos, uno de ellos es el uso de sobretasas. Las sobretasas se imponen a aquellos países que piden fondos por sobre su contribución inicial al organismo. Estas sobretasas buscan que los países paguen sus deudas de manera rápida, sin embargo, en un período recesivo como el actual, el pago de los préstamos, más los intereses más las sobretasas son un instrumento de apalancamiento inmoral que impone severas políticas de ajuste y recorte a economías vulnerables como la de Argentina.
Existen dos tipos de sobretasas, por un lado, están aquellas que se imponen cuando un país solicita un préstamo que supere en un 187,5% la cuota base que aportaron al organismo, por otro lado, se imponen cuotas en base a la extensión temporal del préstamo para aquellos que superen los 36 o los 51 meses dependiendo del acuerdo. La imposición de tasas y sobretasas también depende de cual sea el origen de los fondos. El FMI tiene dos fuentes princípiales la Cuenta de Recursos Generales (CRG) y el Fondo para la reducción de la pobreza y fomentar el crecimiento. La cuenta principal es la CRG y es la que se encarga de los préstamos a los países de ingresos medios y altos, como el caso de Argentina. Los primeros 14 países que aparecen en la figura 2 están sujetos a sobretasas por superar la cuota base, entre ellos Argentina.
Figura Nº2:
En este contexto de crisis económica mundial generada por la pandemia del Covid-19 el FMI se prepara para recibir un aluvión de fondos desde los países más endeudados sólo en conceptos de tasas y sobre tasas. Los intereses proyectados para el período 2021-2028 implican que el FMI recaudará un total de 13000 millones de dólares. De este total el 69% provienen de las sobretasas y la mayoría deben ser pagadas durante los años 2022 y 2023, por lo que en los hechos el FMI está dificultando la recuperación de los países más vulnerables en un contexto económico completamente adverso.
Para el caso de Argentina nuestro endeudamiento con el FMI es previo a la pandemia de la Covid-19. En Junio de 2018 el país recibió un préstamo extraordinario de facilidades extendidas por 42776 millones de dólares, lo cual implicó exceder su cuota en un 960% por lo que se encuentra sujeto al cobro de sobre tasas. Estas sobretasas representan el 53% del costo del prestamos por lo que elevan el costo total de endeudarse con el FMI en un 113%. Como se observa en la figura 3, el peso de las sobretasas en los pagos a futuros constituye una carga inmoral sobre el pueblo argentino.
Figura Nº3:
Reflexiones finales
Producto de la restructuración del capitalismo en la década del 70 el capital financiero se convirtió en el sector hegemónico que motoriza la acumulación de capital. Para los países dependientes y periféricos como el nuestro, esto implicó un duro proceso de disciplinamiento económico, del cual las dictaduras fueron protagonistas principales, para imponer sobre nuestro pueblo un modelo de acumulación de capital centrado en recursos primarios y de valorización financiera. Como consecuencia se abandonó el modelo de desarrollo industrial y se destruyó la capacidad del Estado para motorizar la demanda imponiendo en los hechos una deflación del ingreso de las grandes mayorías populares y una enorme pérdida de derechos de los trabajadores.
El FMI jugó un papel predominante en ser el impulsor del nuevo régimen de regulación que el capital financiero necesitaba, imponiendo sobre las periferias las políticas neoliberales de desregulación financiera y apertura comercial. Este crecimiento de flujos internacionales de bienes, servicios y capitales volvió extremadamente vulnerables a la economía de países como Argentina que quedaron a merced de los vaivenes del capital financiero.
El sistema de deuda internacional es inmoral por los costos crecientes que impone a los países más débiles y endeudados. Esta inmoralidad se acrecienta en el escenario actual marcado por la pandemia de la Covid-19 y la profunda recesión económica que atraviesa el mundo. Es en este contexto que FMI aprieta más el estrangulamiento sobre las economías en vías de desarrollo mediante el cobro de tasas y sobretasas que encarecen el costo de endeudarse.
El gobierno de Argentina tiene la oportunidad de encabezar una cruzada internacional formando un club de deudores para denunciar este tipo de abusos por parte del FMI. Sin embargo, el gobierno adoptó la estrategia de renegociar en soledad para conseguir en el mejor de los casos alargar la cadena de la dependencia y aumentar el peso de los grilletes sobre una sociedad empobrecida que no está dispuesta a aceptar un nuevo ajuste.
Fuentes:
Eurodad, (2021) A Guide to IMF Surcharges en https://www.eurodad.org/a_guide_to_imf_surcharges
Gallagher, K (2016) The China Triangle: Latin America’s China Boom and the Fate of the Washington Consensus, Oxford University press
*Luciano Moretti es Licenciado en Ciencia Política. Doctorando en Estudios Sociales. Universidad Nacional del Litoral.
