Incertidumbre juvenil en la Argentina del ajuste
*Por Osvaldo Macedo
En las barriadas de nuestro país, el futuro llegó hace rato. La incertidumbre de este último tiempo y la retracción de redes de contención hacen estragos.
El estado nacional libertario se fue retirando. Un estado, de quienes pretenden que las interacciones sociales las regule el mercado. El resultado es que, lo que existía en términos de contención, lo fueron desarmando pieza por pieza, política por política, institución por institución.
Primero desapareció la obra pública, luego la mayoría de los programas -salvo algunos que corresponden a jurisdicciones de provincias que aún los sostienen a duras penas- después los docentes, equipos de salud, equipos territoriales. Los clubes sufren, las escuelas están golpeadas y así podríamos seguir.
Cuando el Estado termina se retira, lo que queda no es vacío: es castigo anticipado. Es punitividad del futuro.
Entre 2024 y 2025 la Argentina experimentó un retiro simultáneo de casi todas las políticas públicas que estructuraban horizontes, para las juventudes de todas las clases sociales, pero, en especial para los de sectores populares de nuestra extensa argentina.
La inversión social orientada a jóvenes cayó 39,8 % real en 2024, con reducciones de hasta 63 % en programas educativos como PROGRESAR. Al mismo tiempo, el presupuesto en educación se desplomó 40 % real y la inversión en educación técnica y agraria (clave para inserción laboral juvenil) registra caídas acumuladas superiores al 90 % respecto de 2023.
El mensaje del gobierno es preciso: estudiar deja de ser una política sostenida y expone a miles de jóvenes a un futuro atado a las garras del mercado.
El mismo patrón se repite en los barrios populares más necesitados en términos habitacionales. El Fondo de Integración Socio Urbana, que financiaba urbanización en barrios populares, fue desfinanciado en 2024 y luego casi eliminado en 2025. Más de 330 000 familias quedaron con obras paralizadas de agua, cloacas y electricidad. Allí viven más de seis millones de personas (1 de cada 10 habitantes).
En paralelo, se desfinancian y retraen los dispositivos de cuidado y promo – prevención. Un ejemplo es el presupuesto de SEDRONAR destinado a programas como las CAAC’S (casas de atención y acompañamiento en adicciones) que quedó congelado nominalmente entre 2024 y 2025. Y que, a pesar de los grandes esfuerzos de estos dispositivos territoriales coordinados por organizaciones sociales como el movimiento Ni un pibe y piba menos por la droga, hogares de cristo, vientos de libertad, casa pueblo, red puentes para mantenerse funcionando implica una fuerte caída real en prevención y acompañamiento de consumos problemáticos. En paralelo, el deporte social —otra gran práctica preventiva comunitaria— sufrió un recorte de 56 % real respecto de 2023: clubes de barrio, polideportivos y Juegos Evita reducidos o paralizados. El Estado se retira del territorio, dando paso al avance de los flagelos que trae la crisis.
Porque mientras la política pública se achica, otras economías avanzan. En barrios donde se retraen clubes, talleres y programas juveniles de promoción del deporte, cultura o educación, la presencia del narcotráfico no necesita expandirse espectacularmente: le alcanza con ocupar lo que queda libre. La prevención estatal se repliega; la oferta ilegal permanece. El resultado no es solo más consumo problemático, sino que, al mismo tiempo, se traduce en más presencia del narcotráfico regulando la vida cotidiana juvenil.
A la vez, se cierra la otra puerta clásica de integración: el trabajo. Durante 2024-2025 la recesión provocó cierre de pymes, comercios y unidades productivas, con fuerte impacto en empleo joven. La industria manufacturera y la construcción, sectores de entrada laboral juvenil, fueron de los más afectados. La destrucción de empleo formal empuja a jóvenes hacia distintas salidas: changa precaria, plataformas digitales o economías ilegales, entre otras. No es elección cultural: es estructura económica, propia del sistema capitalista.
Las aplicaciones de reparto y transporte aparecen como la nueva promesa meritocrática de sectores sin empleo: ingresos inmediatos, sin requisitos educativos ni experiencia. Pero su expansión coincide con caída del empleo registrado y salarios reales, configurando una inserción laboral sin derechos, sin estabilidad y sin trayectoria. Juventudes conectadas pero desprotegidas: trabajadores sin empleador visible.
Más inquietante aún es el crecimiento de otra economía de captura juvenil: las apuestas virtuales. En contextos de precariedad y expectativas frustradas, las plataformas de juego online se presentan como acceso rápido a dinero. No prometen carrera ni oficio: prometen golpe de suerte. En barrios donde el trabajo formal y legítimo desaparece y el Estado se retira, el azar se vuelve política económica informal. La timba digital ocupa el lugar simbólico que antes ocupaba el empleo.
Así, el paisaje juvenil de sectores populares queda estructurado por una triple retirada estatal: menos educación, menos integración urbana, menos dispositivos comunitarios. Y una triple expansión sustitutiva: economías ilegales, plataformas precarias y apuestas. No es solo desigualdad: es reconfiguración del horizonte vital.
La punitividad del futuro no se expresa sólo en cárceles o policías. Se produce en la arquitectura de oportunidades disponibles. Un adolescente que crece sin cloacas, sin club, sin taller, sin beca, sin formación educativa y sin empleo cercano no está solo empobrecido: está pre-seleccionado. Su trayectoria probable queda estadísticamente concentrada en circuitos, que luego el propio Estado criminaliza. El castigo llega después de que las condiciones que lo vuelven probable ya fueron creadas “Todo preso es político”. A su vez el gobierno impulsó y logró bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La perversión es manifiesta: menos políticas para que los adolescentes no entren al delito, más herramientas para castigarlos. Sin embargo, los propios datos del sistema penal juvenil muestran que los menores de 16 años participan en una proporción marginal de los delitos y que los hechos graves son estadísticamente excepcionales. Organismos como UNICEF, el CELS y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes coinciden en que bajar la edad no reduce el delito y aumenta la reincidencia, además de contradecir estándares internacionales que recomiendan no disminuirla.
Estos últimos años Argentina atraviesa, por primera vez en décadas, un retiro simultáneo de casi todos los sistemas públicos que producían inclusión juvenil. La política social no se transforma: se contrae. Y cuando el Estado se contrae en juventudes castigadas, lo que se expande no es libertad individual sino vulnerabilidad estructural.
La punitividad del futuro es esto: producir hoy las condiciones sociales que mañana justificarán castigo. Desinvertir en infancia y juventud para luego gestionar sus consecuencias como problema de seguridad. Retirar derechos en el presente y disciplinar en el futuro.
Si algo nos enseña nuestra historia reciente, es que las juventudes resisten, enfrentan y son protagonistas de cambios y enseñanzas para toda la sociedad. Fue así en el Cordobazo, en la dictadura, los neoliberalismos, en el 2001 y va a seguir siendo.
Porque cuando la juventud se reconoce como sujeto político y no como problema, el horizonte deja de ser castigo y vuelve a ser posibilidad, citando a Mao Tse Tung “El mundo es de ustedes, y también nuestro, pero en última instancia es de ustedes. Ustedes, jóvenes, llenos de vigor y vitalidad, están en la flor de la vida, como el sol a las ocho o nueve de la mañana.”
