*Andrés Carminati
La última dictadura militar tuvo un marcado carácter de clase. Los efectos represivos recayeron mayormente sobre sectores de la clase trabajadora. La abrumadora mayoría de lxs desaparecidxs eran obrerxs, empleadxs y trabajadorxs de la educación. Por lo general, se trataba de delegadxs, activistas, militantes o miembros de las comisiones internas.
Los objetivos de la dictadura, respecto de la clase trabajadora, se podrían sintetizar en dos:
1) Desactivar la intensa movilización social y política abierta hacia 1969, dentro de la cual lxs trabajadorxs habían jugado un papel protagónico;
2) Transformar radicalmente las organizaciones obreras, en los distintos niveles de inserción: a) reducir a su mínima expresión el “poder obrero” a nivel de fábrica (comisiones internas, delegadxs) y b) reestructurar las organizaciones sindicales de segundo y tercer nivel.
El programa económico del gobierno de facto se propuso una reconfiguración profunda de las relaciones capital-trabajo. Al final de la dictadura los salarios reales habían caído 32 puntos respecto a 1974, habían empeorado las condiciones de trabajo, se intensificaron las tareas, cerraron más de 20 mil establecimientos fabriles, se profundizó la redistribución regresiva de la riqueza, se multiplicó el cuentapropismo y la tercerización. Durante los primeros días del golpe se anunció la intervención de la CGT junto a las principales organizaciones sindicales. La dictadura suspendió el derecho de huelga y toda medida de fuerza, so pena de prisión (ley 21.261/ 21.400). Modificó la Ley de Contrato de Trabajo, podando sus aspectos más progresivos y sancionó una ley de prescindibilidad en la administración pública, que permitió el despido sin sumario previo de 200.000 agentes.
Esto fue acompañado de una feroz ofensiva en las fábricas y lugares de trabajo, donde cientos fueron secuestrados, con las listas confeccionadas por los servicios de inteligencia y las patronales. Muchxs tuvieron que dejar sus trabajos para evadir la represión. Otrxs tantos se vieron en las mismas circunstancias después de protagonizar algún conflicto. Como las medidas de fuerza estaban prohibidas, cada huelga u otra forma de conflictividad daban carta blanca a la represión. Era común que, frente a cualquier conflicto, las patronales denunciaran ante el ministerio de Trabajo, que a su vez enviaba a la policía o al ejército. Este modus operandis fue la regla hasta 1979. Está ampliamente probada la colaboración y/o planificación conjunta entre Fuerzas Armadas y las grandes empresas para ejecutar la represión sobre lxs trabajadorxs. En algunas fábricas llegó a haber Centros Clandestinos de detención al interior de los establecimientos (Acindar, Ford, Dálmine Siderca, por ejemplo)
1976, «la armonía»
El 1º de mayo de 1976 transcurría así, en un contexto de feroz ofensiva contra la clase trabajadora y el conjunto de los sectores subalternos. Desde luego no hubo ninguna «celebración». Ningún sector representativo de la clase pudo levantar la voz públicamente para recordar a sus mártires, para elevar sus reivindicaciones. En cambio, el gobierno de facto aprovechó la oportunidad para difundir su propaganda. El ministro de Trabajo, general Tomás Liendo, dio un discurso a través de la red nacional de radio y televisión[1]. Según el ministro, «el movimiento militar no se [había] hecho en contra de nadie». Y aseguró que el «sacrificio que demanda la tarea de reorganización [sería] soportado por todos los sectores sociales». Para los militares, la dictadura estaba destinada a «corregir excesos, vicios, instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos y reconstruir la armonía en el campo laboral». Su objetivo, sostenían, era lograr la «instauración de un sindicalismo representativo, ajustado a sus fines específicos», es decir «apolítico». Detrás de este discurso «moderado» se escondía la represión, el congelamiento salarial y el revanchismo patronal en las fábricas y lugares de trabajo.
En otro párrafo el Ministro le dedicó especial atención a la «subversión industrial» o «guerrilla fabril», término que se había acuñado en 1975, luego del Operativo «Serpiente Roja del Paraná»[2]. Decía Liendo:
«…Con relación a la actividad de la subversión, en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional…».
Según el ministro, esta «subversión industrial» realizaba «adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de las bases obreras colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones; creación de conflictos artificiales»; «el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines». Según Liendo, se trataba de «agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciables de los verdaderos delegados». No obstante, advertía que quienes se apartasen del «normal desarrollo del proceso… se convierten en cómplices de esa subversión que debemos destruir». Finalmente, sostuvo que el «gobierno y las Fuerzas Armadas han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de ese enemigo de todos». Y concluyó: «en este difícil campo de lucha la consigna es: para el obrero, no prestarse al juego de la subversión». En síntesis, «los subversivos» estaban perfectamente identificados, pero cualquiera que se apartase del «normal desarrollo», era cómplice «de la subversión» y, por ende, sería «aniquilado».
Durante esos primeros meses de la dictadura la represión «legal» y «paralegal» arrasó el mundo laboral y sindical. Además de los secuestros, detenciones, retenes en los barrios obreros, se sucedían numerosas intervenciones a los sindicatos. Las suspensiones y despidos arreciaban. Las patronales hicieron amplio uso del despido por razones disciplinarias y/o productivas. Hasta agosto del ’76, que estalló una oleada de huelgas en las principales automotrices del país[3], no hubo ningún conflicto de importancia. La experiencia obrera indicaba que había que «esperar que pase el guadañazo». Esta no era la primera dictadura. Aun así, el descontento se expresó de múltiples maneras. Durante los primeros meses primaron medidas de fuerza como el trabajo a reglamento, quite de colaboración, huelga de brazos caídos. También se multiplicaron los sabotajes industriales. Pequeños atentados que entorpecían la producción y acciones tales como aplaudidas, campañas de ruidos, y pintadas.
1977, «la plena responsabilidad»
Al año siguiente, el ministro volvió a ocupar los medios y se arrogó la autoridad para hablar de lo que denominó «día universal del 1º de mayo». Allí sostuvo que «el pueblo argentino» estaba «culminando con éxito la lucha contra la subversión». Y afirmó:
«…Para ganar la paz cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde y dentro del sector laboral, ganar la paz es actuar con plena responsabilidad, propender a políticas sociales y de empleo adecuadas a la realidad nacional…».[4]
A los pocos días, la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos anunciaba la expulsión de 20 mil trabajadores. Esas eran las políticas de empleo «adecuadas a la realidad nacional». Por otro lado, desde marzo de ese año regía una «tregua de precios y salarios», ideada por el genocida Martínez de Hoz que, como reconocía hasta la prensa comercial, había consistido en un congelamiento salarial, mientras los precios se disparaban.
En junio estalló una oleada de conflictos en el Gran Rosario, con epicentro en las fábricas de tractores de la Zona Norte, que duró más de 10 días[5]. Mientras que entre octubre y diciembre de ese año se desató un estallido de conflictos que algunos medios llegaron a comparar con el Cordobazo. Alrededor de un millón de trabajadores de distintos rubros de la industria y los servicios salieron a luchar por sus salarios, puestos de trabajo y condiciones laborales. Quizá la primera huelga general, no declarada, contra la dictadura. Un episodio tan grande como desconocido[6].
1979, tomar la palabra
En 1978, además de los discursos oficiales, algunos gremios y agrupaciones gremiales provisorias pudieron emitir algunos comunicados alusivos. Pero fue en 1979 cuando lxs trabajadorxs pudieron retomar la palabra y recuperar la esencia del 1º de mayo. Para ese momento el terrorismo de estado sistemático había empezado a menguar, mientras la crisis económica y política abría grietas al interior del mismo gobierno. Su reputación internacional era cada vez más frágil. En ese contexto una de las organizaciones sindicales que intentaba reorganizar la CGT, promovió una «Jornada de Protesta Nacional» para el 27 de abril. Hubo tensiones, declaraciones y negociaciones. Finalmente, el sector «dialoguista» se negó a convocar y solo el denominado «Grupo de los 25» promovió lo que sería el primer paro nacional declarado a la dictadura. La convocatoria hacía explícita mención al clima de malestar existente entre los sectores trabajadores y la generalización de las protestas semi «espontáneas» que existía:
«…Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta que se generaliza para unificarla con la decisión de una propuesta nacional…»[7].
Si bien la medida alcanzó una repercusión parcial, ese 1º de mayo de 1979 volvieron a estar en el centro del debate las reivindicaciones del movimiento obrero, el reclamo por la libertad de los presos, el derecho a huelga, que se recuperaba en los hechos mucho antes que las leyes lo admitieran nuevamente. El conflicto, la acción directa, la movilización, le devolvían la palabra a lxs laburantes. A partir de allí, durante los grises años que le restaban al gobierno de la junta genocida, serían lxs trabajadorxs lxs que hablaran del 1º de mayo, de sus reivindicaciones y objetivos.
Las luchas obreras en dictadura casi no son registradas. La mayor parte del propio pueblo laburante no las conoce o recuerda. Los 1º de mayo, dónde nos reconocemos como una misma clase, que con su trabajo mueve al mundo, son oportunidad también de recuperar los jirones de nuestra historia, despedazada por la acción de las clases dominantes. Recuperar nuestrxs luchas, nuestrxs héroes y mártires anónimxs. Nuestra existencia colectiva y resistente. Como diría Rodolfo Walsh, si no tenemos historia, héroes, ni mártires, «cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas». Hagamos siempre lo imposible por quebrar ese círculo.
* Andrés Carminati: es Doctor en Historia, docente de la Universidad Nacional de Rosario, miembro del ISHIR/CONICET
[1] La reconstrucción completa del discurso de Liendo en Álvaro Abós, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983) (Buenos Aires: CEAL, 1984), 111-16.
[2] Ver: Andrés Carminati, «Del “Ausentismo” a la “Subversión Industrial”. La construcción discursiva de un enemigo (1974-1976)», en Trabajadores y sindicatos en Latinoamérica: conceptos, problemas y escalas de análisis, ed. Silvia Simonassi y Daniel Dicósimo (Buenos Aires: Imago Mundi, 2018), 99-112.
[3] Pablo Pozzi, Oposición Obrera a la Dictadura (1976-1982) (Buenos Aires: Contrapunto, 1987).
[4] La Capital, 2 de mayo de 1977.
[5] Andrés Carminati, «Conflictividad obrera durante la última dictadura militar en Rosario y el ‘Cordón Norte del Gran Rosario’. El otoño caliente de junio de 1977», en Trabajadores y empresarios en la Argentina del siglo XX: indagaciones desde la historia social, ed. Daniel Dicósimo y Silvia Simonassi (Rosario: Prohistoria, 2011), 121-35.
[6] Andrés Carminati, «Octubre de 1977. La Huelga General no declarada y los fantasmas del Cordobazo», Clase Trabajadora y Dictadura. Resistencias y represión (1976-1983) (blog), 22 de octubre de 2018, https://clasetrabajadoraydictadura.wordpress.com/2018/10/22/octubre-de-1977-la-huelga-general-no-declarada-y-los-fantasmas-del-cordobazo/.
[7] Abós, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), 49.
