Los derechos humanos y la democracia a 40 años de su recuperación
Por Alicia Divinzenso y Marianela Scocco*
La celebración del cuarenta aniversario de la recuperación democrática nos encuentra en un contexto paradojal. Asistimos al mayor período ininterrumpido de gobiernos democráticos de la historia argentina, situación que podría leerse como una consolidación irreversible del sistema de elección de autoridades. Sin embargo, en esta oportunidad, ese sistema permitió la llegada al poder de un partido que reivindica la última dictadura militar, que tiene un profundo y abierto desprecio por las instituciones democráticas, que impugna todo lo que en sentido general entendemos como lo público y -en líneas generales- todo aquello que pueda considerarse colectivo. Y lo más importante, este gobierno fue elegido por el voto popular de amplias mayorías de la sociedad.
Esta situación nos impactó particularmente a quienes trabajamos en educación y especialmente a quienes dedicamos nuestros mejores esfuerzos a trabajar dentro del campo de la historia, la memoria y los derechos humanos (DDHH). Y en ese primer momento de shock -producto del golpe de la derrota- se multiplicaron las voces que honestamente se preguntaron en qué nos equivocamos, por qué tanto trabajo y esfuerzo colectivo había tenido estos resultados. En esa dirección, en las líneas que siguen intentaremos esbozar algunas de las respuestas que hoy nos faltan y de las salidas que necesitamos.
Volver a la calle
En primer lugar creemos que es necesario recuperar y reactivar la movilización social. El llamado a la desmovilización del gobierno anterior explica en parte el triunfo de Javier Milei, pero también es parte del sentimiento de desconsuelo que habitamos por estos días quiénes encontramos en la movilización social la única forma de enfrentar lo que se viene.
Asimismo, y en segundo lugar, este aniversario de los 40 años de la recuperación democrática está opacado por la crisis económica y social. Es en el aumento de la pobreza y la inflación donde debemos analizar la generalización de un pensamiento mágico de que la motosierra del ajuste traerá algún alivio al transcurrir de la vida diaria.
Por último, pensamos que de alguna manera hubo una falla en la transmisión de ciertos valores democráticos desde una perspectiva de DDHH. Porque la escuela y las docentes hemos cumplido un rol fundamental en la transmisión del legado de “Memoria, verdad y justicia” que se construyó gracias a la lucha de los organismos, encabezada principalmente por Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, en la actualidad la pregunta por la democracia y los DDHH excede largamente a tan importante consigna en un contexto donde diariamente asistimos a la violación de distintos derechos. Entonces vuelven a circular las preguntas: ¿En qué falló la democracia? ¿Cuáles son las deudas o los límites de la democracia? ¿Dónde quedó la promesa alfonsinista de que con la democracia se come, se cura y se educa? ¿En qué fallamos como docentes en esa transmisión de la defensa de los DDHH?
Tomemos como ejemplo para pensar este problema al linchamiento a David Moreira. Ocurrido el 22 de marzo de 2014 en Rosario, el pasado lunes 12 de diciembre la causa se cerró con la absolución de los dos imputados en el juicio que se realizó después de más de 9 años.[1] El linchamiento en sí (o ahora la absolución), nos enfrentó a un debate diario en el espacio de las aulas y la sociedad en general. Muchas personas, y particularmente nuestros estudiantes, amparados en el “cansancio” por la “inseguridad”, defienden un hecho tan aberrante. Ahí es donde fallamos, en trasmitir la noción de las Madres de NO a la “Justicia por mano propia”, NO a la venganza. La reivindicación que aun en tantos años de impunidad nunca dejaron de pedir por Justicia, la misma que le negaron a sus hijos e hijas.
Reconocer nuestras fallas o los límites en la transmisión de los DDHH es necesario pero de ninguna manera nos hace “culpables” de esta situación. La falla es más profunda y tiene otros responsables. Está dada, entre otras cosas, cuando se repite constantemente la violencia institucional, pero también la vulneración de los derechos más elementales, desde alimentación, vivienda, salud, educación y un ambiente sano hasta la seguridad física de las personas. Claro que aquí la violación a esos derechos es más compleja y, excepto en la violencia institucional, no es el Estado el que los viola directamente. Sin embargo, por omisión, el Estado participa en la profundización de los procesos de vulnerabilidad vividos por millones de personas.
Por eso insistimos en la percepción de que hay diferentes grados de responsabilidad. Y por eso creemos que colocarnos en la posición de la derrota es producto de un análisis parcial o, al menos, es una mirada miope de la actualidad y, por otro lado, es preocupante en términos políticos de cara a lo que se viene.
¿Que democracias necesitamos?
Irma Antognazzi escribió en 1992 un artículo titulado “Qué democracia, qué participación”.[2] Allí afirmaba que, así como en los sesentas no bastaba hablar de desarrollo sin preguntarse qué tipo de desarrollo era el deseado, hoy no basta hablar de democracia sin preguntarse qué democracia. Nos invitaba a evitar el peligro de hablar de la democracia a secas, como si fuera un sujeto histórico, y nos instaba a reflexionar que no hay análisis de la democracia si no se adjetiva. Y el adjetivo que acompaña a la palabra democracia proviene de la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué democracia necesitamos los pueblos latinoamericanos? ¿En qué democracia estamos empeñados? O por el contrario: ¿Qué democracia necesitan los grupos económicos dominantes? ¿En qué democracia están empeñados?
Entonces, hay que volver a pensar si lo que ha fallado fue la democracia a secas, o que esto sea un producto directo de nuestro fracaso como educadores y militantes de la memoria. Porque la democracia que queremos es una democracia popular que sea reflejo de las construcciones y necesidades colectivas de las grandes mayorías.
Y para comprender ello debemos hablar de las deudas de esta democracia. Allí lo primero que hay que mencionar es la economía. Es necesario llevar la discusión más allá del problema de la inflación que, si bien es importante, no debe ocultar otros problemas que afectan estructuralmente a nuestra economía. En 40 años de democracia seguimos pagando las consecuencias de la pérdida de soberanía económica que impuso la última dictadura. La pregunta del millón es por qué no se derogan de una vez las leyes de Entidades Financieras (1977) y de Inversiones Extranjeras (1980), que ponen coto a un desarrollo sostenido e independiente de nuestro país.
La ley de Entidades Financieras constituye una traba para que el Estado regule al sector financiero en favor del crédito para el desarrollo económico. A partir de esta ley, se liberalizó la tasa de interés y se flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras. Desde entonces, los bancos son cada vez más concentrados y dirigen sus créditos a grandes empresas o a las actividades más lucrativas en el corto plazo.[3]
La ley de inversiones extranjeras, por su parte, define que los capitales extranjeros destinados a actividades productivas tienen los mismos derechos que los capitales nacionales. Lo más relevante: no pagan impuestos más elevados y pueden enviar al exterior la totalidad de las ganancias obtenidas.
Seguridad democrática
Como anticipábamos, otra deuda de la democracia es la llamada inseguridad. Para atenderla es fundamental pensar en el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de Seguridad (FFSS) en estos 40 años de democracia. En Argentina, el problema de las reformas en las FFAA y FFSS se identificó principalmente con la cuestión militar y por eso las misiones y funciones de las FFAA fueron reformuladas a través de la Ley de Defensa Nacional (1988) y la de Seguridad Interior (1991). Sin embargo, desde el gobierno de Mauricio Macri hasta la actualidad, se viene discutiendo el uso de las FFAA para la seguridad interior. Pero además de esta discusión, que se reedita cada tanto, una deuda desde la recuperación democrática de 1983 es el tema de las reformas policiales.
Por eso, desde diversos sectores venimos afirmando que lo que hay que hacer es una reforma integral y la construcción de una policía democrática, porque la policía es fuertemente responsable en la connivencia con el delito. Siempre ha sido una policía cuestionada y, sin embargo, hay una gran parte de la sociedad que cree que es capaz de resolver los problemas de “inseguridad”.
El mejor ejemplo para demostrar que más presencia de las FFSS no es la solución, son las reiteradas amenazas y disparos que ocurrieron en las escuelas de Rosario en abril de este año. Desde el gremio docente aseguraron que la militarización no es la salida. Juan Pablo Casiello, secretario de Amsafe Rosario, sostuvo que: “Justamente las balaceras fueron en Ludueña y en Empalme Graneros, que son dos barrios hipercustodiados, que tienen el mayor despliegue de fuerzas policiales en la actualidad y aun así ocurrieron las balaceras”.[4]
Ahora bien, más allá de remarcar entonces esas deudas de la democracia (hoy resumidas en la pobreza, la inflación y la seguridad), es importante identificar que esos problemas no son particulares de lo que denominamos democracia como sistema, sino que tienen que ver con quiénes accedieron al gobierno. Lo que decíamos al principio, lo que falló no es la democracia a secas, sino la democracia de los grupos económicos dominantes que accedieron al poder, en sus distintas variantes, en estos 40 años.
30.000: el problema no es la cifra
Por último, no queremos dejar de mencionar otra discusión que se reedita cada tanto, que es la que pone en cuestión la cifra de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y entonces tenemos que volver a repetir eso que expresó tan bien Martín Kohan[5] hace algunos años. No somos nosotros quienes debemos dar cuentas acerca de cómo se llegó a esa cuantificación. Si la cifra 30.000 es una estimación es porque el Estado, que reprimió ilegal y clandestinamente, no da información con respecto a lo que pasó y cuántos fueron. No abre los archivos, no dice dónde están los desaparecidos y desaparecidas y los nietos y nietas apropiadas, ni sobre quiénes son los responsables de esos crímenes. Entonces la cifra total de personas desaparecidas hay que postularla, no probarla en términos de comprobación empírica. Al que le toca hacer esa verificación es al Estado.
Carol Solis sostiene que: “el problema no es la cifra; el problema es lo que representa. Los 30.000 son una bandera de la democracia, negar la cifra en boca de estos candidatos es la puerta de ingreso a la reivindicación de lo actuado por la dictadura y una apertura al uso político de la fuerza para responder al conflicto político y social. Si no hubo treinta mil es posible ir reduciendo cada una de las verdades que tan costosamente se construyeron desde las propias entrañas del horror hasta hoy”.[6]
De allí la reivindicación a los genocidas de la dictadura militar de la vicepresidenta Victoria Villarruel y compañía, que obedece a una estrategia de la clase dominante de intentar recomponer la imagen y la figura de las FFAA y FFSS a las que van a recurrir para la represión que necesitarán para imponer el ajuste, como ya anunció la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Como decíamos al principio, será la movilización social la que determinará el avance o no de estas medidas de hambre y represión.
Por ello, en estos 40 años, la mejor celebración de la democracia será defenderla. Tenemos que insistir en construir la democracia popular que queremos. Animarnos a salir del “mal menor” pero también del posibilismo. El respeto por la democracia será una consigna vacía si no logramos generar conciencia para detener esta embestida.
*Alicia Divinzenso y Marianela Scocco, historiadoras, docentes de la UNR
[1] “Juicio por el linchamiento de David Moreira: absolvieron a los dos acusados por falta de pruebas”, Conclusión, 11/12/2023.
[2] Reeditado en Antognazzi, I. (2022). Qué democracia, qué participación. Historia Regional, (47), 1-17.
[3] Lewkowicz, Javier “Cuarenta años de dominación financiera”. Página 12. 22/02/2017.
[4] “Las últimas balaceras fueron en los lugares en donde hay más uniformados”. Versión Rosario. 11/04/2023.
[5] Entrevista en el programa de María O’Donell en La Nación + realizada en el año 2017.
[6] Solis, Ana Carol (2023) “Entre negar y reivindicar. La palabra de los represores y su
amplificación actual”. En Servetto, Alicia [et al.] ¿Qué pasado para nuestro presente? Debates públicos sobre memorias, negacionismo y apologismo. Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), p. 44.
