Por Paula Mañueco
Hace poco más de un mes, se instaló una campaña de demonización de las personas privadas de la libertad ante una falsa premisa de “liberación masiva”. Aunque la ola pasó, las ideas quedan, y en esta nota le damos una vuelta de rosca para que el tema no quede en la superficialidad de una fake news.
La cuarentena, como medida indispensable de prevención de propagación del COVID-19, agudizó y mostró crudamente la desigualdad social en todas sus formas. Y mientras mucha gente está pensando cómo mejorar día a día las estrategias para sobrellevar el momento, algunos sectores políticos arengan cualquier cosa para abonar a la confusión y al desánimo, aprovechando estos tiempos de hipercomunicación. A tal punto que ahora se habla de “infodemia” o distribución masiva de información falsa.
Sucede que aquello que se impone desde los medios hegemónicos de comunicación es difícil de contrarrestar, aun cuando después se hagan aclaraciones o se publiquen verdades. Así las cosas, hace poco más de un mes, se instaló una campaña de demonización de las personas privadas de la libertad y todo lo que las rodea.
¿Dónde están las feministas!?”“Hipócritas, cómplices, ahora no dicen nada” Esas fueron algunas de las provocaciones trending topic en twitter y noticieros, que buscaron hasta el cansancio que desde el movimiento de mujeres y feminista se diga algo sobre la base de una falsa premisa: la liberación masiva, supuestamente impulsada por el gobierno nacional, de femicidas y violadores, con la excusa de la emergencia sanitaria profundizada por el COVID-19.
Ya antes de eso, la oposición había intentado instalar temas varios para evitar discusiones claves (como la del impuesto a las grandes fortunas). Pero después de los reclamos en la cárcel de Devoto[1], encontraron un tema muy sentido de donde agarrarse: desde los medios fogonearon la idea de la ‘puerta giratoria’, o yendo más allá, la existencia de un plan siniestrodiseñado para sacar presos de las cárceles y “formar patrullas que amenacen a jueces”, como sostuvo la senadora bonaerense macrista Beccar Varela.
Amplificando las ideas más reaccionarias, ubicaron todo en un mismo plano, desinformando y poniendo a las mujeres y sus organizaciones en el “aprieto” de posicionarse[2]. Sembraron desde ahí odio y miedo en una parte importante de la sociedad, retomando el discurso blumberg de mano dura y cárcel infinita como “LA” solución al problema de “la delincuencia”.
¿Por qué una interpelación a las feministas?
Muchas de nosotras luchamos para que los abusos y femicidios sean castigados penalmente. Pero, además, el movimiento de mujeres y feminista de la Argentina es una voz fuerte para denunciar injusticias históricas y actuales. No sólo todas las expresiones del machismo, también otras injusticias sociales, que suelen agudizar nuestras problemáticas específicas. Tenemos capacidad de movilización e incidencia política. Eso quisieron aprovechar.
Mientras más nos fortalecemos y avanzamos, más fino tenemos que hilar en nuestras posiciones públicas, para que no se usen nuestras luchas en nombre de otros intereses y para que no se vuelva borroso dónde estamos más expuestas al peligro machista. ¿Debates? Tenemos un montón. Somos un movimiento heterogéneo y amplio. Y muchas buscamos cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para construir otra realidad.
Con el revuelo armado, emergieron miedos e incertidumbres entre las mujeres y fue prioritario dar contención, sobre todo pensando en aquellas que, habiendo sufrido un hecho concreto de violencia, pasaron a sentirse expuestas y solas, sin ningún tipo de información oficial que las contemplara. No es nuevo en el movimiento de mujeres dar respuestas más ágiles que el propio Estado. Lo peligroso es, a mi modo de ver, meter todo en la misma bolsa.
Entonces ¿qué era lo urgente?
Al tiempo que los medios generaron el revuelo, no había -ni hubo luego- “plan de liberación masiva” de presos. Para precisar, tampoco estaban otorgándose indiscriminadamente prisiones domiciliarias (que no significan libertad, sino cumplir la detención extramuros).
Y no es sólo una cuestión de cantidades, sino que las recomendaciones, nacionales e internacionales, se orientan a descomprimir el hacinamiento, única forma de velar hoy por el derecho humano a la salud de lxs presxs, mediante la concesión de prisiones domiciliarias de personas procesadas o condenadas por delitos de escasa lesividad, mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijxs y personas con problemas de salud o que integren los grupos de riesgo respecto del coronavirus. En relación con los delitos graves, se aclaró, debía hacerse una evaluación con “extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”. [3]
Todxs lxs presos tienen derecho a la salud y a la vida. Quienes habitan las cárceles (no importa por qué delitos) vienen principalmente de sectores humildes e, intramuros, viven en condiciones inhumanas. La selectividad del sistema penal es extremadamente clasista.
El combo explosivo entre fake news y difusos reclamos feministas o contra la violencia de género, creo una atmósfera de miedo, sensación de desprotección y desamparo para las mujeres en general. Se planteó algo así como que, si otorgaban la domiciliaria a algún violador o femicida, todas quedábamos más expuestas a ser víctimas de violación o femicidio. Esa sensación tiene una base concreta: estamos en emergencia por violencias machistas. Y, aún en cuarentena, nos siguen matando cada 29 horas.
¿Por qué relativizar ese temor? Porque con la maniobra mediática se hizo extensiva -como otras veces- la lógica de la “seguridad ciudadana” a la cuestión de la inseguridad específica que vivimos por ser mujeres. Esta distorsión del enfoque retrocede en el debate público sobre qué exigimos y cómo -pero sobre todo dónde– abordar la violencia machista (más allá de coincidir o no con la lógica de “seguridad ciudadana” que propone “cuidarnos” con penas firmes a los pibes chorros o soldaditos, con la que no coincido).
Entonces, es falso sostener que, la consecuencia lógica de la prisión domiciliaria otorgada a un femicida o violador en concreto, es que TODAS quedaríamos en mayor riesgo de sufrir esas violencias. Eso fue lo que instalaron los medios.
Es imprudente no ser claras sobre este punto. La idea de que la violencia machista vendrá de afuera, que será ejercida por un otro con quien no tengo nada en común, por un monstruo (que hoy sería cualquiera de los detenidos por delitos de los que venimos hablando) es para nosotras una trampa mortal. Por supuesto que hay víctimas que no conocían de antes a sus agresores, y resultan atacadas en el espacio público, pero son las excepciones. Por eso hay que exigir garantías para las víctimas concretas, sin dejar espacio para la idea de que en la cárcel están “los malos”, porque hemos logrado “limpiar” la sociedad de agresores sexuales, violentos o femicidas.
El lugar en el que más expuestas estamos a las formas de violencia extrema sigue siendo nuestras casas. Entre el 20 de marzo y el 27 de abril, en pleno ASPO nacional, el 72% de los femicidios que conocimos sucedió en la casa de las víctimas; el 64% fue cometido por sus parejas o ex parejas y el 13% por otro familiar.[4]Ninguno venía de ser acusado por otro femicidio, ni por violación, ni había sido ‘liberado’ en virtud de alguna de las recomendaciones por el COVID-19. También aumentaron las denuncias por abuso -incluido el infantil- ¿los perpetradores? Parientes u otros convivientes. Ni hablar de las violaciones intrapareja.
¿Qué nos sigue haciendo ruido? ¿Qué reclamarle al poder judicial?
Que interpreten todo con perspectiva de géneros: que evalúen el impacto social que genera la morigeración de las prisiones de ciertos imputados/condenados, también en términos de impunidad. Y no porque nuestro sufrimiento es individualmente mayor que el de víctimas de otros delitos graves, sino porque la historia de las mujeres está cruzada por la impunidad sistemática como bastión de reproducción y legitimación de la violencia patriarcal, por parte del Estado.
Además, cada víctima concreta tiene derecho a ser oída y recibir protección, si es necesaria. Y, si se otorgan arrestos domiciliarios (por alguna circunstancia que no pueda ser contenida/atendida adecuadamente intramuros en este contexto de pandemia), depende de los jueces/as garantizar la salud de ese varón, sin desatender el resguardo integral de las que se animaron a romper el silencio o de quienes son familiares de asesinadas y son amenazados por los femicidas.
Después de la condena ¿qué?
Hay otros debates que emergen y necesitamos dar: todas las penas de prisión, en Argentina, se agotan en algún momento. El régimen de progresividad penal implica la posibilidad de acceso a salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida (bajo ciertas pautas). Y eso es intrínseco al sistema carcelario, que dice estar diseñado para la “reinserción social”; acá tendremos que insistir: nuestro derecho de acceso a la justicia tiene que ver, también, con cómo se ejecutan las penas para no sean “puro humo”.
Pero las penas (de prisión) son finitas. ¿Qué queda para las mujeres si ante la salida de su agresor les decimos que están en riesgo -como única posibilidad-? Es una responsabilidad estatal que las mujeres vivamos vidas libres de violencia, incluso cuando los agresores ‘salen cumplidos’; y la tranquilidad es un derecho. El Estado debe articular acciones concretas para que no vivamos en riesgo.
La diferencia, entonces, es que cuando el agresor accede a salidas durante su sujeción a proceso penal, enfocamos nuestro reclamo (con razón) en los jueces/as responsables de eso, que tienen el deber de controlar las reglas de conducta que fijaron y, por esa obligación de riguroso control, cuentan con herramientas jurídicas para mantenerlo alejado de nosotras.
¿La cárcel cómo principal demanda y única respuesta?
Que la cárcel no previene ningún conflicto social, tampoco la violencia contra las mujeres, es un hecho. El código penal describe muchas conductas consideradas disvaliosas, totalmente diferentes entre sí, para las que el Estado ofrece las mismas respuestas.
En teoría, ese catálogo contempla acciones culturalmente rechazadas y dignas de reproche. Pero sabemos que esa respuesta no llega a todxs por igual y que las cárceles están superpobladas por los más pobres. Entonces, ¿desde dónde dar la pelea del “anímate a denunciar”, cárcel a los violadores y femicidas? ¿Por qué festejar la incorporación del femicidio a nuestro código penal? ¿Por qué batallar judicialmente por procesos y condenas con perspectiva de género?
Primero, el derecho de cada víctima a ser reconocidas. Segundo, porque este terreno es también de disputa política. Se ponen en juego los valores “oficiales” de una sociedad en un momento determinado. La principal pelea que damos ahí es contra la indiferencia del Estado y la impunidad. Exigimos que nos vean, nos escuchen y nos crean.
Por eso NO da igual que haya o no condenas; ni es constructivo el mote de “punitivista” cuando se pide condena penal en un caso concreto. Muchas, además, exigimos condenas penales para los chocobar y todos los miembros de fuerzas de seguridad amigos del gatillo fácil, la desaparición o las torturas; empujamos el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de estado y aunque cada uno de estos delitos tiene ‘raíces’ diferentes, tienen en común que son “delitos de poder” (con todas sus complejidades y diferencias).
Obligar al Estado a condenar delitos por razones de género con sus propias reglas, tiene un efecto simbólico muy potente en el cuerpo social. Además, expone sus incumplidas obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Es la instancia penal la que habilita, muchas veces, la reparación para las víctimas; porque se da credibilidad a su palabra y se reconoce su sufrimiento[5]. Sabemos también que el Estado es clasista -además de patriarcal-, y por eso mientras mayor poder político o económico tenga el agresor, más nos cuesta que avance un proceso penal.
Esas batallas contra la impunidad son urgentes; de otro modo el mensaje estatal es que la violencia machista es tolerada. Con eso, se favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.[6]
* Paula Mañueco, abogada feminista (UNComahue). Con curso de actualización en Género y Derecho (UBA).
FOTO: Matías Subat
[1]Acceso a atención de salud, comida, elementos de higiene e información sobre la situación del COVID-19 en el penal y el plan pensado para resguardar a la población (4 agentes del SPF, en actividad, habían dado positivos hasta el 29-4, siendo que las visitas están suspendidas para minimizar riesgos; al 10-5, al menos 10 presos dentro del penal estaban contagiados. Al 10-6, no hay en ningún medio un seguimiento actualizado).
[2]El primer comunicado salió de la propia mesa ejecutiva del PRO, con varias firmas célebres.
[3]Los fundamentos, son insoslayables: 1)la principal emergencia es la sanitaria y debe abordarse en cada sector, tomando con rigor las recomendaciones epidemiológicas. 2) Las cárceles de Argentina están, en su mayoría, superpobladas y tienen condiciones inhumanas de salubridad e higiene. 3) No hay otra estrategia para evitar la propagación que no sea la distancia social. 4) Sobre los presos recae una pena privativa de la libertad (o expectativa de pena, porque más de la mitad no tienen condena aún). Tienen derecho a la salud y no están condenados a perder la vida ahí adentro por cuestiones evitables. 5) Todas las medidas de emergencia son temporales.
[4]Datos del observatorio “Ahora que si nos ven”, disponibles en la web.
[5]Tema aparte es la revictimización en los procesos desde el minuto cero y el contenido de la reparación para cada víctima en particular.
[6]Como señala la CorteIDH, “Campo Algodonero”, caso ‘González y Otras vs. México’, párr. 400.
