Por German Perez y Sabrina Aguirre*
En las últimas semanas han tenido gran difusión tanto el masivo asentamiento en Guernica como la recuperación del territorio mapuce en Villa Mascardi. Se les ha dado un abordaje en paralelo, tanto por desconocimiento como respondiendo a una intención de deslegitimar ambos fenómenos. La vivienda y la ciudad son derechos de todo ciudadano. Las tierras aptas y necesarias para el desarrollo de los pueblos indígenas también lo son. Construir ciudad y reconstruir el territorio tradicional son las respuestas que los sectores involucrados en estas problemáticas han generado, siendo caracterizadas como acciones “ilegales”. ¿Cuáles son las condiciones y las implicancias de estos “derechos ilegales”?
Desde fines de agosto, los medios nacionales han prestado atención a dos sucesos que a pesar de las distancias geográficas y sus diferentes características comparten un tema en común: la ocupación de tierras. Por un lado, la instalación de viviendas precarias en tierras privadas en Guernica, Provincia de Buenos Aires, y por el otro, la recuperación territorial de una comunidad mapuce en Villa Mascardi, Río Negro, responden a problemas sociales cuyas explicaciones es necesario profundizar.
La simultaneidad en el abordaje de las dos “tomas” dio pie a que se las tratara en paralelo, constituyendo una operación que tiende a vincularlas entre sí, al mismo tiempo que se las relaciona a la ilegalidad para lograr deslegitimarlas. Esta operación no es novedosa, pero intenta conjugar y exacerbar los latentes prejuicios contra los dos fenómenos y los grupos sociales vulnerabilizados. La paradoja de estar exigiendo derechos bajo metodologías “ilegales” atraviesa a las dos “tomas”. Pero esto no nos debería llevar a contemplar a los dos procesos como si fuesen exactamente lo mismo, puesto que presentan tantos puntos en común como especificidades.
Las dos “tomas” son expresión de diferentes desigualdades que constituyen la realidad argentina. La situación de los pueblos originarios está reconocida como una histórica vulneración, y por eso tanto la Constitución Nacional como otras leyes hablan de los derechos a la tierra de los indígenas. Los mapuce fueron sucesivamente desplazados del territorio que habitaban, primero por la guerra de conquista a ambos lados de la Cordillera. Después de eso se los expulsó a espacios cada vez más reducidos y marginales. Por si fuera poco, a medida que se fue volviendo rentable explotar nuevos recursos en esas tierras antes marginales, se los fue desplazando nuevamente entre mediados del siglo XX y la actualidad.
Poniendo la mirada sobre otros territorios y en otros contextos, las periferias urbanas de las ciudades latinoamericanas son áreas de avance de la ciudad bajo procesos tan heterogéneos como segregadores. La ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana son ejemplos claros de esta situación. La ciudad, el conurbano, el segundo cordón y el tercero han evidenciado a lo largo de la historia situaciones que han derivado en la ocupación y uso de tierras, llevando esa frontera urbano-rural más allá de lo imaginable. Pero claro, aquí en esta construcción continuada de periferias encontramos abiertas contradicciones: Puerto Madero y la Villa Rodrigo Bueno; Nordelta y la Villa 31. Todas estas son formas urbanas de una ciudad dual, originadas por la construcción social de lo urbano bajo los procesos de desigualdad. Guernica es una forma más de estos procesos desiguales, es el avance de la ciudad hacia lo más próximo disponible para aquellos grupos marginados de muchos de los beneficios que la ciudad debería brindar al conjunto: educación, trabajo, salud, entre otras cosas referidas a condiciones de vida digna.
Las respuestas estatales
Con respecto al caso de Guernica, Sergio Berni rápidamente señaló que “hay diferentes tipos de tomas”, pero que los responsables de las que se hicieran en la provincia de Buenos Aires irían presos. Unos años atrás, durante su mandato como Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich había expresado que a los mapuce se les iba a acabar la “impunidad”. Estas declaraciones manifiestan cómo se ha puesto a estos fenómenos en el ámbito de lo “ilegal”.
Durante el gobierno de Macri, fue clara la orientación hacia la represión como respuesta a las problemáticas. En el sistema ideado por el macrismo, la noción de flagrancia tomó un lugar esencial que se tornó casi una carta blanca para que el tono de las represiones escalara en violencia. En el marco de esas políticas, fue asesinado Rafael Nahuel durante una jornada de represión en Villa Mascardi en 2017.
Por el otro lado, en la coalición del gobierno actual existen contradicciones y diferentes posiciones tomadas en torno a la respuesta a elaborar. Mientras Berni forma parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la actual Ministra Nacional de Seguridad, Sabina Frederic, declaró inicialmente que ambos fenómenos, el de Guernica y el de Mascardi, no eran problemas de seguridad, sino habitacionales. El Secretario de Articulación Federal del mismo ministerio, Gabriel Fuks, dijo sobre la situación de Mascardi que, desde el punto de vista del pueblo originario, se trata de un retorno al territorio.
La ocupación precaria de terrenos para resolver la insatisfecha necesidad de vivienda, por un lado, y la recuperación territorial indígena, por el otro, responden a problemáticas que se vinculan con las relaciones de poder históricamente construidas. Problemáticas tan profundas no pueden ser jamás resueltas mediante medidas represivas que no den respuesta a carencias generadas por las formas de producción y distribución de la riqueza de nuestro país.
Un sistema de desigualdades
El espacio urbano ha crecido al calor del desarrollo de diferentes actividades económicas, esto fue acompañado por un crecimiento poblacional (acelerado por muchos años) que intensificó la presión por el suelo urbano. La ciudad creció en complejidad y se expandió hacia las periferias no preparadas y bajo un proceso de planificación deficiente o inexistente. El acceso a la vivienda se hizo extremadamente desigual. Mientras las clases altas siempre pudieron disponer de medios para relocalizarse acorde a su deseo, los sectores populares históricamente se encontraron en un panorama diferente. Ser parte de la ciudad significó para ellos adaptarse a situaciones habitacionales de enorme precariedad.
De los conventillos del siglo XX, a las “villas”, existen sobrados ejemplos de la segregación generada por una producción del espacio que responde a las visiones de los sectores acaudalados de nuestra sociedad. La comodidad y los recursos de la “vida urbana moderna” pocas veces llegan a los espacios habitados por los grupos sociales marginalizados. El derecho a la ciudad parece no corresponderles a estos sectores. El panorama se complejiza aún más para aquellos que no pueden insertarse laboralmente de manera estable y formal. En el contexto actual de pandemia y crisis sanitaria, estas situaciones llegaron, para muchos, a puntos críticos. El gobierno, en la voz de Frederic, señaló que el déficit de viviendas se contabiliza hoy en 4 millones.
Por el otro lado, la situación de los pueblos originarios también responde a estructuras históricas. En el siglo XIX, se decidió que las tierras del sur eran necesarias para volcar parte de la producción ganadera de los campos bonaerenses y circundantes, para multiplicar las ganancias de quienes más se beneficiaban del modelo agroexportador en consolidación. En la zona del lago Nahuel Huapi, a los mapuce que no se logró exterminar, se buscó expulsarlos hacia el otro lado de la Cordillera. Después de eso, en el siglo XX se terminó definiendo que la tenencia precaria de tierras casi siempre marginales sería la forma de radicar a los indígenas, al mismo tiempo que se los utilizó como la mano de obra poco calificada para emprendimientos, como los turísticos y la actividad de construcción.
Desde la década de los ‘90 hasta la actualidad ha habido un crecimiento en la voracidad del avance sobre diferentes espacios con recursos explotables en el marco de actividades turísticas. Gracias a la desregulación neoliberal, la venta especulativa de tierras aumentó, en muchos casos abarcando suelos mapuce. Estas zonas han sido presentadas como “alejadas”, “inhabitadas”, cuando muchas veces son áreas tradicionalmente utilizadas por comunidades indígenas. Lejos de ser zonas de desierto, esos suelos han sido parte de las tierras marginales a las que fueron expulsados en diferentes momentos de nuestra historia, que ahora son miradas con ojos codiciosos por quienes desarrollan actividades con fines de lucro. Esa es la coyuntura en la cual la recuperación territorial indígena “hace ruido”.
Construir ciudad y reconstruir territorio
No contar con un espacio para desarrollarse como persona, como familia o como grupo social limita a los involucrados en los dos fenómenos. Sin una relación estable con la tierra, es imposible proyectarse hacia el futuro. El testimonio de un joven de Guernica lo resume: la precariedad de la vivienda en la que se encuentran hace que no puedan dejar gatear a su bebé de un año, y trae una angustiante incertidumbre acerca de los hijos en camino. Vivir sin tierras es algo que no se elige.
La “toma” de Guernica, así como los procesos de ocupación de estos espacios marginales en general, es un proceso de construcción de ciudad con características que nadie desea: ni los planificadores, ni los gobernantes, ni los propietarios de la tierra privada y mucho menos las familias que se asentaron en ese espacio. Jóvenes, ancianos, niños y niñas permanecen en escena para llegar a aquel sueño del lugar propio donde construir una vida. Por el momento, ese lugar está lleno de precariedades, desde los materiales a partir de los cuales construyen su asentamiento hasta los servicios inexistentes.
Pero más aún, son ellos los que construyen ciudad en estos lugares, tratando de mejorar poco a poco el hábitat. Esto incluye no sólo a los aspectos materiales, sino a todo lo que conlleva una vida urbana. La ciudad se extiende, sin espacios adecuados para recreación, sin un ambiente en condiciones, sin acceso a salud, educación, ni servicios: en este marco se proyecta el futuro.
Las tierras de los asentamientos precarios muchas veces son tierras consideradas marginales, sólo hasta que los grupos sociales marginados las ocupan. Porque esas tierras no eran relevantes hasta que, en pleno invierno, un 20 de julio, 2500 familias se instalaron en un predio inutilizado por años. Ahora el poder (económico, mediático y/o político) cataloga de oportunista a un grupo social que poco sabe o reconoce justamente de igualdad de oportunidades.
Más aún en el contexto de pandemia donde, como dicen algunos grupos acomodados, “el virus no discrimina”, pero donde las posibilidades de enfrentar las carencias generadas o derivadas de la crisis sanitaria y económica son diferenciales para quienes residen en Nordelta y para estas personas que desde una casilla en Guernica arriesgan su salud por esa “oportunidad” de tener a futuro un terreno y una vivienda propia.
En el caso del pueblo mapuce, el suelo no es solo tierra. El lugar donde se vive es un territorio, que combina tanto los elementos de la subsistencia y la residencia como un conjunto de significados y prácticas culturales que dan un enraizamiento específico al espacio. Entre estas prácticas ancestrales, hay algunas que se vienen recuperando, y que ilustran nuestro punto, como la de enterrar la placenta de los hijos en el territorio, para fortalecerlos. Estas acciones remiten a la idea del territorio como identidad, correspondencia y autonomía. Para una comunidad, no da igual cualquier pedazo de tierra. Despojarla de su territorio es privarla de su especial relación con la tierra, que estructura su identidad y su forma de vida. Es, también, impedir su proyección a futuro, pero al mismo tiempo, poner en riesgo su existencia misma como pueblo mapuce.
Las tomas que indignan
La punzante realidad vivida por todas las personas que necesitan ejercer directamente derechos no satisfechos es frecuentemente caracterizada como un “oportunismo”, como una “cosa política” y no de real necesidad. En estas explicaciones hay una intención de asemejar lo político a lo oscuro y a las personas involucradas como portadoras de una agenda igual de turbia, “vivos” o “títeres” de otros actores poderosos.
La realidad es que las campañas mediáticas para deslegitimar la construcción popular de la ciudad y la reconstrucción mapuce del territorio se conjugan con ideas elitistas y xenófobas muy arraigadas en algunos sectores de nuestra sociedad. Curiosamente, existen otras “tomas” que difícilmente despierten el mismo rechazo que cuando la ocupación de tierras hace visibles las desigualdades o la inexistencia de derechos básicos para algunos sectores.
Siendo neuquinos los dos autores de esta reflexión, podemos fácilmente citar el ejemplo de barrios privados que han cerrado el paso público hacia nuestros ríos. Esto atenta contra la tan mentada libertad de circulación y contra el hecho de que los cuerpos de agua y sus costas no pueden ser privatizados. En la misma línea, toda la Patagonia fue objeto de procesos de privatización no siempre realizados por métodos legales, que hoy se expresan en la existencia de masivas propiedades de individuos extranjeros, como Lewis y su apropiación ilegal del Lago Escondido. Al poderoso no se lo estigmatiza ni se lo cataloga de oportunista.
La tierra es necesaria, tanto para asentarse y proyectarse en familia, como para recuperar la autonomía y las formas de vida ancestrales del pueblo mapuce. La falta de territorio en los dos casos se generó a través de dos procesos históricos diferentes, pero que partieron del mismo punto de origen: la acumulación de riquezas para unos pocos. La necesidad de tierra para desarrollarse es inherente a la condición humana. En tanto esto siga siendo así, los dos fenómenos, las dos formas de acceso al suelo caracterizadas como “tomas”, van a seguir existiendo. Estas han sido las maneras en la que diferentes grupos se han organizado para revertir situaciones históricas de injusticia, ante la no elaboración de respuestas políticas que les den solución.
*German Perez: Doctor en Geografía. Becario Posdoctoral del CONICET. Docente de la Universidad Nacional del Comahue. Miembro del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales.
*Sabrina Aguirre: Licenciada en Historia. Becaria Doctoral del CONICET. Docente de la Universidad Nacional del Comahue. Miembro del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales.
