Por Germán Mangione*
Allá por julio de 1947 la posguerra azotaba al mundo y en nuestro país el general Perón presentaba públicamente su primer Plan Quinquenal. El mismo tenía como objetivo transformar la estructura económica del país. Fue la primera planificación para el desarrollo económico y social de la Argentina. La presentación se hizo en la casa histórica de Tucumán, un 9 de julio. Ni el lugar ni la fecha eran antojadizos. Perón firmaba en aquella ocasión lo que denominó una“Declaración de la Independencia Económica”, y se presentaron por primera vez los postulados que enarbolan las tres banderas del peronismo: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social.
Pasaron 73 años y en un escenario ¿muy distinto? en el que ya no es una guerra, sino una pandemia lo que asola la faz del planeta, se pone de nuevo en discusión el pos. La recuperación económica y el rumbo de la Argentina en un mundo convulsionado y cambiante están nuevamente en debate.
También en julio, pero un 17 de 2020, en nuestro país se desarrollaban casi a la misma hora dos reuniones de importancia en los círculos de poder de la Argentina. En una, con el presidente a la cabeza, se anunciaba la extensión (una vez más) de la cuarentena y algunas medidas para intentan afrontar la pandemia, que lejos de terminarse continúa su curso de crecimiento. La mirada clavada en el presente que se complica a cada paso y la intención de patear para adelante la discusión de cómo salir. El pos, para después.
Mientras tanto, en una reunión virtual, los principales referentes de la agroindustria y los dueños de la tierra reunidos en el novelísimo Concejo Agroindustrial Argentino (CAA) aprovechaban ese hueco y avanzaban en presentar públicamente su plan económico pospandemia denomidado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal”.
La presentación pública en una videollamada forma parte de una serie de presentaciones que este grupo, representante de lo más encumbrado del poder agroindustrial, viene haciendo ante las fuerzas políticas e instituciones del estado desde hace semanas.
“Coincidimos que el trabajo en el sector de la producción debe ser el pilar de toda política de Estado, que los empresarios y los sindicatos son los actores claves para recuperar al país y que la exportación con valor agregado es la condición necesaria para empezar a salir de la crisis”, aseguró Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), y hoy uno de los máximos referentes del lobby agroexportador.
Con la salida de la presidencia de La Bolsa de Comercio de Rosario de Alberto Padoán, el hombre fuerte de Vicentín, que debió dejar su cargo tras varios escándalos como el de la causa de los cuadernos y el “stress financiero” de la aceitera, Idígoras pasó a ocupar el centro del lobby de las empresas agroexportadoras nucleadas en el complejo del Gran Rosario.
El plan al que suscriben casi 40 organizaciones empresarias del sector, entre las que se destacan Ciara-Cec, la industria molinera, los productores y exportadores avícolas, los feedloteros, la molienda húmeda de maíz, el maní, biocombustibles y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, La Bolsa de Comercio de Rosario, entre otros, es la cristalización del ascendente poder de los grandes propietarios de la tierra y los principales eslabones de la cadena comercial agroindustrial en Argentina.
Pocas veces los intereses de un sector, en este caso el agroexportador, quedaron tan claramente plasmados en una propuesta económica de estado. No ya como un reclamo sectorial sino como un plan para el rumbo de la Argentina. Un plan de gobierno que incluye leyes, propuestas impositivas, y orientaciones de política internacional.
Convencer a la política
Alejado (por ahora) de la tónica confrontativa de la Mesa de Enlace, el CAA recorre salas virtuales y reales de reuniones llevando su plan a las principales fuerzas e instituciones políticas del país.
José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, explicó que: “Estamos planteando un proyecto estructural para convencer a la política que la Argentina tiene que convertirse en líder en la producción y exportación de alimentos. Afortunadamente cosechamos adhesiones y entablamos muy buen diálogo con el Gobierno. No vamos con críticas, llevamos soluciones”.
Martins sabe que ese hueco que deja la política en las propuestas de cómo salir de la recesión que genera la pandemia, es una oportunidad para los dueños de la renta agraria de imponer su propia salida. “Llevamos soluciones”, afirma. Lo que no dice es para quienes.
Ya le presentaron su proyecto a los ministros de Producción Kulfas, de Agricultura Basterra, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el canciller, Felipe Solá. También consiguieron el apoyo de los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, y del referente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, Adolfo Rodríguez Saá.
También concretaron encuentros con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta del senado, Cristina Kirchner, porque quieren impulsar un proyecto de ley que sea vehículo de la promoción del sector agroexportador de la Argentina.
Se anunciaron también reuniones con los principales referentes de la oposición, en las cuales el ex ministro de Agroindustria Luis Etchevere, hace las veces de contacto y puente para el aterrizaje de una propuesta que cae más que bien en Juntos por el Cambio. Y no es para menos. Recoge en materia económica mucho de lo que propuso esa fuerza en estos años. Pero eso lo retomamos más adelante.
En la búsqueda de lograr un mayor consenso del plan a implementar, los integrantes del nuevo espacio agroindustrial se reunieron con las autoridades de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y con la Unión Industrial Argentina (UIA).
Industria vs Agroindustria
Diego Cifarelli, presidente de la Federación de la Industria Molinera, contó: “Estamos muy entusiasmados porque por primera vez la cadena agroindustrial local logró unirse. El plan coincide en muchos aspectos con el sólido documento que presentó la UIA, pero este es netamente con vistas a la exportación. Debemos entender que la única salida para que Argentina crezca es de la mano de mayores exportaciones y en ese sentido la agroindustria seguramente tendrá un papel preponderante”.
Si algo ha demostrado el rumbo de la Argentina de los últimos años es que cuando se habla del crecimiento de la industria el modelo no da mucho lugar a dudas, se está hablando de agroindustria.
Así lo muestran los números del crecimiento de las exportaciones agroindustriales y la caída estrepitosa de la producción industrial en general.
Según publica Infobae: “Los datos de comercio exterior de los primeros cinco meses del año exhiben dos récords llamativos: nunca en lo que va del siglo XXI las exportaciones argentinas dependieron tanto del sector agroexportador y nunca en lo que va del siglo XXI las exportaciones industriales representaron una proporción tan baja de las ventas externas.
Hay que remontarse a 1986, hace 34 años, precisa un informe de Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior y negocios internacionales, para encontrar que en igual período la suma de las ventas al exterior de “Productos Primeros” (PP) y “Manufacturas de Origen Agropecuario” (MOA) supere el 71% que alcanzó en los primeros cinco meses de 2020. Esos dos rubros conforman el sector “agroexportador”, principal proveedor de divisas de la economía argentina a través de la venta de materias primas de la agricultura, ganadería, pesca y frutihorticultura, o de bienes (en especial, alimentos) elaborados a partir de esas actividades.
Además, nota el trabajo de Elizondo, hay que remontarse 29 años, a 1991, para encontrar un enero-mayo en el que las ventas al exterior de “Manufacturas de Origen Industrial” (MOI) haya sido igual de baja (22%) que en igual lapso de 2020”
Y así parecen haberlo entendido los dirigentes de la UIA, dirigida por Miguel Acevedo –quien es además presidente la compañía agroindustrial Aceitera General Deheza- que presentaron su propio plan pospandemia el 2 de julio, y el 16 (un día antes de la presentación pública) recibieron a los referentes del CAA con quienes “coincidieron” en varios puntos.
Uno de los centrales es que Argentina tiene que dedicarse a exportar, agregar algo de valor, y no mucho más. Casi no aparecen menciones al desarrollo del mercado interno o la especialización en alguna rama industrial que no tenga que ver con el agro. La otra coincidencia tiene que ver con que el estado no debe interferir en ese desarrollo más que para bajar impuestos o aportar inversiones. Y por último la coincidencia en la necesidad de “arreglar” el tema de la deuda y “bajar el costo laboral”.
¿Qué dice el plan del CAA?
Hace unos meses cuando la cancillería Argentina amagó frenar algunos convenios de libre comercio en el marco del Mercosur, desde la oposición y el empresariado se interpretó como un indicio de la posible salida de Argentina de la alianza sudamericana. Allí la agroindustria se juntó para rechazar la posible salida del Mercosur. Y ese fue también el inicio de ese agrupamiento empresario que culminaría en el Concejo Agroindustrial Argentino y el plan para la Argentina pos pandemia.
El plan apunta a seducir a la política con 2 zanahorias. Las que necesita y necesitará con más urgencia el país para la postpandemia: dólares y empleo.
Según los agroexportadores, con las medidas que proponen en el período 2020-2030 podrían llevar las exportaciones de los US$ 65.000 actuales a US$ 100.000 millones y generar en ese marco más de 210.000 nuevos puestos de trabajo.
Según la propuesta, con este plan ya para 2025 se podría aumentar en US$ 16.000 millones las exportaciones que se compondrían así: US$ 1603 millones adicionales con carne vacuna; US$ 4000 millones más con cereales y oleaginosas; US$ 3000 millones extra de la industria aceitera y US$ 1000 millones más con la molienda de trigo.
De acuerdo a la propuesta de la agroindustria, podría haber así 210.000 empleos adicionales en los sectores del agro entre los 110.380 empleos nuevos en cereales, oleaginosas y forrajeras, 15.164 más en carne vacuna, 10.570 en legumbres, entre otros rubros.
Para eso impulsan un proyecto de ley, que pretenden se apruebe antes de fin de año y que sea el vehículo de la promoción del sector agroexportador de la Argentina.
El proyecto de ley plantea:
- Más crédito para la prefinanciación de exportaciones.Estabilidad fiscal por 10 años.Vínculo directo con embajadas.Fomento de nuevos mercados.Reducción de derechos de exportación para los productos con mayor valor agregado.Inversión en infraestructura para el sector.Fomento a la inversión agroindustrial.Régimen especial de amortización acelerada.
“Debemos entender que la única salida para que Argentina crezca es de la mano de mayores exportaciones y en ese sentido la agroindustria seguramente tendrá un papel preponderante”, afirma una y otra vez Idígoras en cuanto micrófono le pongan adelante.
Y es que sabe que la necesidad de dólares y de creación de empleo genuino mediante el agregado de valor es una oferta que ningún gobierno ni fuerza política puede rechazar. Sobre todo si no tiene plan propio.
Además se propone la conformación de una Mesa Nacional Exportadora con las diferentes áreas de gobierno, para el armado del marco regulatorio a las propuestas; elaborar propuestas sectoriales de crecimiento sustentable de producción y exportación, con mayor valor agregado y definir los mercados estratégicos para exportar.
Más colonial…no se consigue
El plan llega en medio del debate por los recursos con que los estados cuentan para hacer frente a las necesidades crecientes que dejará la pandemia a nuestras ya anémicas economías.
Nace como respuesta a la osadía de algunos de insinuar la necesidad de que los dueños de todo pongan aunque sea un poquito como fue el proyecto trunco del impuesto a las fortunas y como respuesta también a los debates generados por el stress financiero de Vicentín y la tibia intención del estado de nombrar la palabra maldita: soberanía. Un plan (el de la estatización de la empresa santafesina), por ahora trunco también, que apuntaba a dejar de mirar con la ñata contra el vidrio cómo pasa la riqueza del comercio exterior en manos de grandes corporaciones multinacionales asociadas a los tradicionales dueños de la tierra.
Pero el plan de los exportadores no es solo una respuesta a la coyuntura, es también la cumbre de un proceso que en las últimas décadas fue posicionando como principales actores económicos del país, y la región, a los terratenientes y sus socios comercializadores de la producción, que vieron incrementar sus rentas como pocas veces en la historia con la profundización del rumbo agroexportador.
Cosechas récord, tras cosechas récord, posicionaron al sector agrario como un sector de privilegio en las políticas públicas y en las orientaciones productivas del estado. La industria fue perdiendo peso, y con ella poder político y de lobby. Un proceso que se aceleró a niveles insospechados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Hoy vienen a reclamar un lugar que entienden les corresponde y es el de definir más concretamente las políticas a seguir en esta coyuntura. Una coyuntura que si bien se presenta difícil e incierta para las grandes mayorías es, para quienes son dueños de la tierra y sus frutos, propicio para seguir aumentando sus rentas en un mundo que pide alimentos en forma de proteínas vegetales y animales y está dispuesto a pagarlo.
Varias de las principales palancas del estado están en poder de estas corporaciones multinacionales, que lejos de aquellas teorías globalizadoras que les asignaban un poder extra estatal, han demostrado que sirven centralmente a los intereses de sus países de origen, las grandes potencias que se disputan el mundo.
En nuestro país Cofco, la empresa de alimentos propiedad del estado chino, que en 2019 fue el mayor exportador de granos de Argentina, es su máxima expresión, pero no difiere en lo central de los intereses a los que sirven Cargill y Bunge con respecto a EEUU o Dreyfuss a Europa.
El principal comprador de granos a los productores argentinos fue el estado… el estado chino. Que además va definiendo como comprador no solo los precios, sino los vaivenes productivos a medida de sus necesidades. El mercado de carne vacuna es un ejemplo más que claro. Reactivado en Argentina a partir de la demanda china, hoy sufre la baja de precios por maniobras de la demanda oriental.
Pero en época de crisis, esas palancas solas no les alcanzan. Al control productivo que les da la propiedad de la tierra combinada con el monopolio del comercio exterior y al casi completo control de nuestra moneda que poseen hoy al ser el sector por el que entran 4,5 de cada 10 dólares que ingresan al país, quieren sumarle más.
“Sin subsidios del estado”, alerta el documento para remarcar la idea de que el estado no interfiera en sus negocios… a menos que sea para beneficiarlos.
Así lo expresaba en un comunicado la Cámara de Puertos Privados (que nuclea a muchas de las agroexportadoras) en el caso Vicentín: “No es conveniente ni necesario que el estado intervenga en el comercio exterior de granos”. Tan sincero que duele. Y así lo demostraron, por ejemplo, con la licitación de la Hidrovía, el mayor canal comercial de américa latina. Fueron las mismas empresas que ante la “lentitud” del estado para realizar los pliegos para la nueva licitación, financiaron los estudios y entregaron al estado lo que definen son las condiciones que debe cumplir el próximo licitante.
Llega a tal punto la concepción colonial, donde el estado argentino es apenas una secretaría para sus negocios, que incluso entre los objetivos presentados en el marco del plan blanquean la intención de que se les facilite el “vínculo directo con embajadas”. Así, sin vueltas. Entreguénnos la política exterior, que la vamos a manejar mejor.
Algo similar surge de su preocupación por “resolver el tema de la deuda”. Es que con Argentina en default lo que se les hubiese complicado es la toma de deuda externa de esos monopolios en el exterior. Una práctica habitual que quedó expuesta al gran público en el caso Vicentín, en el cual la principal deuda es con acreedores financieros externos: bancos extranjeros, deuda externa privada.
Cuando uno bucea un poco en las propuestas del sector y “su plan”, y logra sacar la hojarasca desarrollista que recubre el núcleo real de los planteos, con lo que se encuentra es con un pedido central: menos impuestos (vía simplificación impositiva y baja de retenciones) y que se les haga la promesa de que en los próximos 10 años eso se va a mantener así (estabilidad impositiva), que a nadie se le va a ocurrir pedirles que compartan algo de su extraordinaria renta. Esa que piensan seguir aumentando aprovechando las condiciones naturales del país y la necesidad de las metrópolis.
También pedirán reintegros a sus exportaciones, que vía impuestos hoy quedaron en 1,5% cuando siempre estuvieron entre el 4 y el 5%. Fue la administración de Mauricio Macri la que les hizo el recorte cuando se quedó sin dólares.
Nadie explica cómo va a hacer el estado para cobrarles menos y devolverles más “con efectos fiscales neutros” y sin desatender absolutamente ninguna de las necesidades que crecen a pasos agigantados en los sectores populares, por supuesto.
No hay mucho más que eso. Ah … sí. Y si es posible menos leyes laborales, que parecen “estorbar su crecimiento”.
En todo caso que el estado se dedique a hacer inversiones en obra pública e infraestructura para mejorar su rentabilidad como viene haciendo con el Belgrano Cargas, los planes viales hechos vía PPP, los ingresos a los puertos o la Hidrovía.
O a lo sumo que pueda actuar de facilitador de los negocios con más crédito para la prefinanciación de exportaciones y regímenes de fomento a la inversión agroindustrial o régimen especial de amortización acelerada.
Mismo plan ¿distintos resultados?
Pero, ¿qué ofrecen a cambio de tantas concesiones? Los dos bienes más preciados en la Argentina, y el mundo, que vienen. Trabajo y dólares.
La destrucción de la industria y las Pymes de las últimas décadas, provocada en gran parte por políticas orientadas a profundizar el modelo agroexportador y financiero (ambos íntimamente entrelazados) va creando heridas difíciles de sanar en el entramado social. La falta de trabajo de calidad es una de las más graves y causante de muchas de las otras.
Por otro lado una Argentina híper endeudada que quiere “honrar” sus compromisos y al mismo tiempo crecer, necesita dólares e inversiones.
Sin embargo la propuesta del Concejo Agroexportador Argentino, vendida como una salida novedosa, no es ninguna novedad.
Muchas de las medidas que “impulsan”, son las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri ni bien asumió el control de la Argentina. Tanto en materia impositiva (con las retenciones 0 a muchos cultivos, y la baja de las retenciones de la soja, el pacto fiscal (que impidió el aumento de impuestos provinciales), como las facilidades financieras (quita de la obligación de liquidar divisas en el país o simplificaciones impositivas).
Incluso la retirada del estado y la soberanía nacional que tanto reclama el sector nunca fue tan profunda como durante su gestión. Esta semana en el cordón agroindustrial de Gran Rosario, donde están instaladas estas empresas, los gremios denuncian las consecuencias de varias normas aún vigentes sancionadas durante el macrismo como causantes de la destrucción del empleo y la entrega de la soberanía.
La quita de los controles del Senasa de los puertos (lo que le valió a Macri una denuncia penal del diputado provincial Carlos Del Frade) y la entrega del transporte de combustible a armadores paraguayos (que gremios del sector junto a la Cámara de Industria Naval denunciaron esta semana) son apenas algunas muestras del efecto de esta orientación.
Cosecha récord, desocupación y pobreza récord.
Según el “Análisis económico de cambios en los sistemas predominantes del sudeste de Córdoba en el período 1979 -2018”, realizado por el INTA Marcos Juarez, en 40 años, los márgenes del agro se triplicaron en la zona núcleo. También hay un marcado incremento del Capital total debido a la valorización de la tierra. Y agrega que “dentro del período evaluado, la clave del despegue fue lo que ocurrió en los últimos 15 años”.
Sin embargo el mismo informe explica que
“se presenta una baja importante en el uso del recurso trabajo en todos los sistemas (agrario, ganadero y mixto) a lo largo de los períodos. Especialmente entre la primera y segunda década analizada se disminuye más de un 50% el uso del recurso por el efecto conjunto de adopción masiva de tecnologías ahorradoras de trabajo, especialmente en agricultura (siembra directa) y la suba de tamaño del estrato predominante en cada sistema”.
Parte de estos resultados tienen su origen en la reprimarización de la economía agrícola, que relega cada vez más a nuestro país a la exportación de materias primas con cada vez menos procesamiento.
Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones del poroto de soja sin procesar desde que arribó al país la pandemia se incrementó en un 50%, mientras que los despachos de harina (uno de sus principales derivados) se contrajeron 10%.
Exportamos materia prima para ser procesada en otros lugares, generando fuentes de trabajo, mientras importamos horas de trabajo en productos industrializados. Y la tendencia histórica es de crecimiento de este proceso. No al revés, como vaticina el plan del CAA.
El resultado son índices sociales desastrosos. Mientras la renta agraria y productiva creció de manera sideral, los índices sociales de pobreza y desocupación crecieron o en el mejor de los casos se mantuvieron en picos históricos.
De hecho, el gran Rosario, núcleo de la agroindustria, tiene la tasa de desocupación más alta en catorce años. La desocupación saltó al 12,9% y las mujeres y los jóvenes son los más afectados, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos que lo ubica como la segunda más alta del país, detrás de Tucumán, y también la más elevada en 14 años.
Pero además, con el modelo que proponen profundizar no solo se acrecentó la contradicción entre la riqueza agraria y la pobreza urbana, sino que tampoco se resolvió la rentabilidad de todos los sectores del campo.
En treinta años desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 por ciento de la tierra. Son datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA).
Esto significa que en sólo tres décadas se perdieron 156.000 establecimientos. La situación afecta sobre todo a los de pequeña escala, con menos de 50 hectáreas.
Vaca Viva o los vivos de las vacas
“El Estado debe brindar las condiciones macroeconómicas y de promoción del empleo, la producción y la exportación, ya que la agroindustria está en condiciones de brindar alimentos para la población argentina y el mundo y reactivar la economía”, remarcó Idígoras, el vocero del sector agroexportador.
Y en medio del pico de la pandemia, el gobierno no da señales aún de un plan propio para pensar la reactivación pospandemia, y en ese hueco parece haber entrado con comodidad el plan de los poderes tradicionales del país bajo el nuevo manto del CAA.
Un plan que genera grandes debates al interior de la coalición de gobierno, recibiendo el guiño de algunos sectores, la preocupación de otros que acuerdan en el objetivo pero objetan los caminos y los actores para llevarlo adelante y aquellos que lo rechazan de plano porque ven en el plan las mismas políticas que impulsó el macrismo y terminaron solo enriqueciendo a algunos sectores mientras las grandes mayorías atravesaron una aguda crisis social que remonta hasta nuestros días sus consecuencias.
Además de las reuniones y las fotos dela presentación del plan semanas atrás, en una entrevista con el diario británico Financial Times, el presidente de la Nación Alberto Fernández aseguró que la salida de la crisis por la que atraviesa la Argentina, será de la mano del campo. “Es la Vaca Viva del país”, señaló el presidente.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no descartó que se pueda llevar adelante “una baja en las retenciones y una reducción en los aportes patronales” como parte del paquete de medidas para tratar de reactivar la economía del país, que se vio afectada por la pandemia de coronavirus Covid-19.
“Argentina tiene que exportar mucho más para no tener que endeudarse nunca más”. Así lo indicó el canciller argentino Felipe Solá al lanzar formalmente el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones en un evento virtual que contó con la participación de representantes de más de 170 cámaras y agrupaciones empresariales.
En estos días comenzó a circular un borrador de un posible proyecto que el gobierno presentaría con medidas para la reactivación, que tiene también a la exportación como uno de sus principales objetivos, aunque habrá que ver cómo se aplica y con qué actores se piensa llevar adelante.
La disyuntiva quedó claramente plasmada en el debate por la instalación de las granjas de cerdos para China. ¿Serán unas pocas con grandes corporaciones y concentrados geográficamente, o serán cientos de chacras mixtas a lo largo del país? ¿Será respetando el ambiente o solo maximizando ganancias? ¿Será solo exportar el cerdo o se procesará en Argentina?
Lo claro es que se instala la idea de exportar producción agrícola como respuesta y solución a todo. Y esa exportación, hoy está centralmente, en manos de los grandes dueños de la tierra y las corporaciones multinacionales.
Ese rumbo resigna toda posibilidad de que Argentina ocupe algún lugar más allá que el del granero (o quizás el chiquero) del mundo. Las mayores aspiraciones que aparecen en estos planes pasan por agregar algo de valor a la producción agrícola.
No aparecen siquiera menciones de posible reactivación industrial vinculada a la exportación como la industria ferroviaria o la industria naval, ambas grandes generadoras de empleo genuino, y con aplicación a la economía actual.
El transporte de la materia prima y sus derivados hacia el exterior está pensado, como toda la infraestructura desde hace décadas, apoyado en la importación industrial. Con rieles, durmientes y trenes chinos, con barcos paraguayos e industrias agroexportadoras equipadas con máquinas estadounidenses o europeas, se seguirá yendo al exterior nuestra producción agraria, que con suerte tendrá algún agregado de valor y trabajo local.
Por otro lado el mercado interno, y el desarrollo industrial para abastecerlo, brillan por su ausencia en estos planes. Cosa rara si se piensa generar empleo genuino como prometen.
Lejos de aquella “Declaración de la Independencia Económica” que impulsaba el primer plan quinquenal de Juan Domingo Perón, y que tenía como objetivo transformar la estructura económica del país y planificar su desarrollo económico y social apostando a la industria y el desarrollo autónomo, el plan quinquenal del poder es una clara “Declaración de la dependencia”, con ganancias para unos pocos.
De ser así este rumbo será, sin dudas, una nueva oportunidad perdida en una coyuntura que da la oportunidad, pero sobre todo exige la necesidad, de retomar las mejores tradiciones y capacidades nacionales para reactivar el país con soberanía política, independencia económica y sobre todo justicia social.
*Periodista, investigador de temas vinculados a la agroindustria y el comercio exterior. Editor del Observatorio de Actividad de los Capitales chinos en América Latina.
